Política

“No queremos derechos a medias”: Elizabeth Guzmán y personas con discapacidad exigen a Maru Campos cumplir con la pensión universal

10 de noviembre de 2026. Chihuahua, Chih., 10 de noviembre de 2026.-Las personas con discapacidad en Chihuahua llevan cinco años esperando que el Gobierno estatal cumpla un derecho constitucional. No piden un favor ni una concesión: exigen que la gobernadora María Eugenia Campos firme el convenio que permitiría garantizar la pensión universal y aporte los recursos que corresponden al Estado.

Así lo exigió la diputada de morena, Elizabeth Guzmán, durante una atención a medios acompañada por Laura Fuentes, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua, A.C., e integrantes de organizaciones que llevan años reclamando el cumplimiento de este derecho.

Guzmán recordó que en 2021 la gobernadora se comprometió públicamente en Ciudad Juárez a firmar el convenio de coordinación con la Federación. Cinco años después, la promesa sigue sin cumplirse. La legisladora subrayó que garantizar la pensión no representa una carga presupuestal extraordinaria: requiere menos del 1% del presupuesto estatal.

“La gente ya hizo su parte. Ha venido al Congreso, se ha manifestado y ha exigido por todas las vías posibles. Quien no ha cumplido es el Gobierno del Estado”, señaló.

La diputada recordó que el pasado 27 de octubre el Congreso aprobó un exhorto para que María Eugenia Campos firme el convenio y asigne los recursos necesarios. Sin embargo, cuestionó qué está haciendo realmente la gobernadora para incorporar esta obligación al presupuesto estatal.

Por su parte, Laura Fuentes rechazó cualquier intento de reducir la pensión al 50%, al considerar que significa aceptar derechos incompletos para una población que históricamente ha enfrentado discriminación y abandono institucional.

“Estamos exigiendo el 100% de la pensión universal por medio de Bienestar y Gobierno estatal. Los derechos de las personas con discapacidad no se regatean”, afirmó.

Fuentes también cuestionó a las diputaciones del PRIAN que respaldan una cobertura parcial y lanzó una pregunta: ¿aceptarían recibir solamente la mitad de su sueldo durante el tiempo que les queda en el cargo? Con ello evidenció la contradicción de quienes pretenden reducir los derechos de las personas con discapacidad mientras mantienen intactos sus propios ingresos.

La exigencia es clara: María Eugenia Campos debe dejar de administrar las promesas y empezar a cumplir la Constitución. Las personas con discapacidad no necesitan más discursos ni exhortos sin consecuencias; necesitan el convenio firmado, presupuesto y el 100% de una pensión que les pertenece por derecho.

Política

Gobierno de Chihuahua no tomará postura sobre señalamientos de Zuany

El secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que no existen elementos suficientes para que el Gobierno del Estado emita una postura institucional respecto a los señalamientos realizados por el exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo. Este último aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tenía conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en la entidad.

La declaración de De la Peña se produce tras la publicación de una investigación por parte de The New York Times, que aborda las operaciones de la agencia estadounidense en Chihuahua. En el artículo, se menciona que Zuany habría indicado, a través de mensajes de texto, que la mandataria estatal estaba al tanto de dichas actividades.

Al ser cuestionado sobre las afirmaciones de Zuany, De la Peña Grajeda subrayó que se trata de declaraciones que no han sido presentadas formalmente ante una autoridad judicial, lo que considera irresponsable para emitir una posición oficial. “Yo creo que no debe haber una postura del Gobierno del Estado respecto de los dichos, porque son solo eso, dichos”, expresó el funcionario.

De la Peña explicó que, hasta donde tiene conocimiento, la publicación se refiere a un intercambio de mensajes de texto y no a una declaración formal dentro de un procedimiento judicial. “Entiendo que la nota refiere que hubo un contacto a través de mensajes de texto. Entonces no hay una declaración, no se trata de un procedimiento formal”, indicó.

Además, reconoció que no ha tenido la oportunidad de revisar a fondo la investigación del periódico estadounidense, por lo que enfatizó la importancia de contar con información verificable antes de pronunciarse institucionalmente.

El secretario general de Gobierno manifestó que sería erróneo establecer una postura oficial basada en afirmaciones cuyo origen y alcance no han sido confirmados mediante un procedimiento formal. “Sería una irresponsabilidad fijar la posición institucional de Gobierno sobre algo que no forma parte de una declaración judicial o no tenemos certeza del origen de este dato”, puntualizó.

Finalmente, De la Peña reiteró que, por el momento, no considera necesario emitir mayores comentarios sobre los señalamientos del exfuncionario, mientras no existan elementos formales que permitan establecer una posición institucional.