Chihuahua
Obtienen tres penales de Chihuahua recertificación internacional
La American Correctional Association (ACA) recertificó tres centros de Reinserción Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, durante una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Nuevo Orleans, Estados Unidos.
La fiscal especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Angélica Balderrama Cano, recibió las respectivas certificaciones para el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) 1 y 3, así como para el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, ubicado en Aquiles Serdán.
Tras las auditorías practicadas durante octubre y noviembre de 2018, por un grupo de asesores de ACA en los referidos ceresos, este domingo 13 se desarrolló la audiencia en la que por decisión unánime se otorgó la reacreditación que certifica el cumplimiento de los estándares internacionales.
Al respecto, el organismo explica que estos determinan la forma en que deben atenderse los servicios penitenciarios, en un contexto de calidad, basados en el desempeño comprobable y orientado hacia los ejes de operación integral, que son seguridad y reinserción social.
Sobre los parámetros, exige que cada tres años, los penales que obtuvieron una acreditación, sean auditados en seguimiento al cumplimiento de los 137 estándares que se establecieron para lograr la reacreditación.
En el caso de los Cersai es la primera vez que obtienen una reacreditación, mientras que el Cereso 1 la recibió por segunda ocasión.
Actualmente Chihuahua es reconocida por tener todos sus penales acreditados ante ACA, lo cual ha permitido lograr una mejor capacitación del personal, un mayor profesionalismo y sobre todo la homologación de los procedimientos.
La institución internacional fue fundada en 1870 por profesionales del área de prisiones, quienes se encargaron de desarrollar los principios fundamentales para el trato digno a las personas privadas de la libertad.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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