México
Oculta CDMX compra de patrullas
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha renovado desde 2012 a la fecha unas 6 mil 500 patrullas, cuyas características particulares están encriptadas y sólo se podrán conocer, por cuestiones de seguridad, hasta el año 2023.
La administración local reservó, con base en la Ley de Transparencia, los detalles de las unidades adquiridas, para las que se han invertido miles de millones de pesos.
El argumento de la Secretaría de Seguridad Pública es que revelar las características de las patrullas, que vigilan la ciudad durante las 24 horas de los 365 días del año, podría obstaculizar la prevención del delito.
De hecho, en algunos casos, la información se ha reservado hasta por siete años, de acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados del Comité de Transparencia de la secretaria.
Por decisión tomada el 1 de septiembre pasado, a partir de una solicitud de información, dicho comité decidió que sólo se pueden conocer las versiones públicas de los contratos, con montos globales.
Con dicha información resultaría imposible realizar un estudio externo sobre eventuales sobreprecios de cada una de las unidades, pues se desconocen sus características y tipo de elementos con las que están equipadas.
Por ejemplo, será hasta mayo del 2023 cuando la ciudadanía pueda conocer los anexos técnicos de la compra de 160 unidades que el Gobierno de la Ciudad de México hizo a la empresa “AutoMundo”.
En la versión pública del contrato SSP/BE/A/258/2015, únicamente se puede saber el número de vehículos adquiridos y el monto de la compra, que en este caso asciende a los 101 millones 430 mil pesos.
De acuerdo con ese contrato, fechado en julio de 2015, algunas unidades adquiridas son camionetas Pick Up, doble cabina, Dodge, con sistema de videovigilancia, modelo RAM 20550 Crew Cab SLT 2015.
En agencia, el modelo más reciente al menudeo es de 540 mil pesos; sin embargo, el gobierno local pagó 609 mil 960 pesos por cada una de las 49 unidades que adquirió, ya dotadas de equipo de comunicación.
El 1 de septiembre de 2016, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública emitió un acuerdo de clasificación de información de acceso restringido, en su modalidad de Reservada y Confidencial.
“… difundir la información requerida obstaculizaría la prevención de delitos, en atención a que la misma contienen especificaciones técnicas de los equipos de radio comunicación, visual y acústica de las patrullas y moto patrullas, calibre del blindaje, balizamiento; especificaciones que de darse a conocer obstaculizarían el desempeño de las funciones de seguridad pública. El conocimiento público de la misma pondría al descubierto la calidad y características de los medios que esta Secretaría utiliza en el desempeño de sus funciones de prevención del delito”, dice el acuerdo.
El Financiero
México
Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal
El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.
El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.
Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.
El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.
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