El regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, tras 112 días de licencia, ha calado en las entrañas del partido en el poder. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como Morena y una veintena de gobernadores emanados de la autonombrada Cuarta Transformación, han querido desmarcarse de la decisión de quien hoy está acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya, argumentan en el oficialismo, ha vuelto a su cargo de forma unilateral, en una decisión no consultada.

La agrupación guinda encabezada por Ariadna Montiel ha asegurado, en un escueto mensaje, que no fue informada previamente, que “se deslinda de esta decisión” y, coincidiendo con la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, aclara que la reincorporación de Rocha Moya responde a una determinación personal del mandatario sinaloense.

La reacción de los otros gobiernos estatales ha ido más lejos. Han recordado al gobernador que “ninguna decisión personal está por encima del mandato ciudadano ni del proyecto colectivo”. No han necesitado pedirle expresamente que solicite una nueva licencia. Después de cerrar filas con Sheinbaum, el mensaje ha sido inequívoco: “Hacemos un llamado a Rubén Rocha Moya a la madurez y a la responsabilidad”. El pronunciamiento confirma que el regreso de Rocha no cuenta con el respaldo político de la estructura territorial de Morena.

Con todo, la reacción del oficialismo ha llegado con retraso: cinco horas después de que Rocha Moya anunciara su regreso e incluso acudiera a la sede gubernamental. El mensaje de la dirigencia morenista ha sido replicado textualmente por algunas figuras de la agrupación guinda, como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, mientras los senadores del bloque han dicho que serán respetuosos de los tiempos y de las indagatorias de las autoridades.

Otras figuras también han elevado el tono. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha sugerido a Rocha reconsiderar su decisión y retomar la licencia hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones, bajo el argumento de que así se evitaría que este episodio sirva a la oposición “para dañar la imagen de la presidenta”.

No ha sido el único. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena y cercano a la mandataria, también se ha salido del guion y ha recalcado que el regreso de Rocha es una muestra de que el fuero constitucional —que protege al gobernador de ser procesado penalmente— debe desaparecer. “El fuero es una vergüenza nacional. Es una protección injustificada y arbitraria que genera impunidad y degrada la representación popular”, ha lanzado.

La Secretaría de Gobernación también ha aclarado que la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con los 10 funcionarios y exfuncionarios en la mira de Estados Unidos, incluido Rocha. Y ha reiterado que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado con insistencia a Washington las pruebas que sustenten los señalamientos. Hasta ahora, no han llegado.

Sin embargo, la mandataria no ha emitido pronunciamiento alguno. El regreso de Rocha ha coincidido con un resfriado que ha impedido a Sheinbaum encabezar su conferencia matutina este viernes. “Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo”, publicó la presidenta en su cuenta de X horas antes de que el gobernador anunciara su regreso.

Rocha, entretanto, ha construido su retorno sobre la idea de que, después de la presunta investigación de la Fiscalía mexicana, no existen elementos que acrediten su participación en un delito. En su mensaje, aseguró que es “ajeno e inocente” respecto de las acusaciones y que vuelve para cumplir su encargo hasta octubre de 2027.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos señala a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios cercanos a él, incluido el senador Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. El gobernador se ha limitado a negar las imputaciones.

Antes de que el oficialismo saliera a plantar cara, las críticas de la oposición cayeron como avalancha. El PAN condenó la decisión de Rocha Moya. Jorge Romero, dirigente del partido albiazul, desconoció al Gobierno de Sinaloa y reiteró su petición de declarar la desaparición de poderes en el estado, una facultad del Senado mexicano, mientras legisladores panistas, del PRI y de Movimiento Ciudadano calificaron el regreso como un símbolo de impunidad. La senadora Lilly Téllez habló de un país sometido por un “narcopartido”.

El PRI endureció todavía más el tono. El dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno, acusó al gobernador de ser un político protegido por Morena y sostuvo que su regreso evidencia la política de impunidad que ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Desde Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez calificó el hecho como un día de “vergüenza nacional” y cuestionó el mensaje que el Gobierno envía con este retorno. “No se aclararon las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que emitió una orden de extradición del gobernador de Sinaloa. Sin verdad y sin justicia, solo queda impunidad”, dijo en un video publicado en sus redes.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido de reciente creación Somos México, atribuyó el regreso a una decisión del Gobierno y aseguró que existe un pacto de impunidad.

El anuncio de Rocha ha llegado, además, a atizar el fuego político en Sinaloa, que se extiende a todo el país. La detención de Fausto Corrales volvió a poner bajo los reflectores el episodio del 25 de julio de 2024, cuando fue asesinado el exdiputado federal Héctor Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión sostenida por la FGR a raíz de una carta atribuida al capo. Corrales es considerado un testigo clave de ese capítulo.

Aun así, Rocha vuelve ahora al Palacio de Gobierno, carente del respaldo de la presidenta, de su partido y de sus correligionarios. Mientras tanto, se reactivan un puñado de preguntas: ¿cuánto ha avanzado la investigación de la Fiscalía mexicana? ¿Qué pruebas tiene Estados Unidos contra Rocha Moya?

Con todo esto en el aire, el gobernador vuelve a la primera línea y retoma su cargo en el ojo del huracán.