Chihuahua
Operativo en Cereso de Guachochi concluye sin hallazgos de objetos prohibidos
Chihuahua, Chih.- Un operativo extraordinario de revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 8 de Guachochi finalizó sin la detección de objetos prohibidos. La inspección, realizada el miércoles 14 de octubre, involucró a 251 personas privadas de la libertad y 35 estancias, llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Durante la mañana del operativo, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de la Defensa y la SSPE se desplegó en el interior del centro penitenciario, siguiendo los protocolos establecidos y garantizando el respeto a los derechos humanos de los internos. El objetivo de estas acciones es identificar y retirar cualquier objeto no permitido que pueda representar un riesgo para la seguridad de la población penitenciaria.
Al concluir la revisión, la SSPE informó que no se encontraron objetos que violaran los reglamentos internos del Cereso. Este centro, que alberga principalmente a personas de pueblos originarios, en su mayoría rarámuris, ha sido reconocido por su bajo riesgo y por mantener una condición sostenida de paz en su interior.
El secretario de la SSPE, Luis Aguirre, afirmó que estos operativos se llevarán a cabo de manera continua en los centros penitenciarios del estado, con el fin de asegurar condiciones de seguridad que favorezcan estancias dignas y una reinserción social adecuada para los internos.
Chihuahua
Pérez Cuéllar demanda transparencia en sesión de la JMAS
Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, exigió la difusión completa de la sesión del Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) celebrada el 29 de octubre. El dirigente solicitó al director ejecutivo del organismo, Marco Alberto Paredes Arroyo, que publique la grabación sin cortes, así como el acta y los documentos presentados durante la reunión.
Pérez Cuéllar cuestionó la falta de disponibilidad del video en YouTube y demandó una explicación pública sobre lo ocurrido con la transmisión. “Si me acusa de mentiroso, le lanzo un reto muy sencillo: que publique la sesión completa, sin cortes, junto con el acta y los documentos presentados a los consejeros. Que las y los juarenses vean cómo se condujo y saquen sus propias conclusiones”, expresó.
El líder morenista afirmó que la conducción de la reunión presentó irregularidades y consideró fundamental que la ciudadanía tenga acceso al material para conocer cómo se desarrolló. “¿Por qué ya no está disponible la sesión? Si la bajaron, ¿por qué lo hicieron? Sostengo que su conducción fue desaseada. Si el director asegura que todo fue transparente, que lo demuestre haciendo pública la grabación completa”, añadió.
Además, Pérez Cuéllar subrayó que las decisiones relacionadas con las plantas de tratamiento y los compromisos financieros de la JMAS deben estar sujetas al escrutinio público, dado que involucran recursos destinados a un servicio esencial para la población.
En otro tema, el dirigente solicitó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que expliquen las autorizaciones otorgadas al Residencial Gardeno durante sus administraciones, así como los argumentos que respaldaron dichas decisiones. “Así como hoy hace señalamientos, también sería importante que el PRIAN explique a los vecinos y a toda la comunidad de Juárez qué aprobaron cuando gobernaban y por qué lo hizo. Las familias tienen derecho a conocer esa información”, afirmó.
Pérez Cuéllar indicó que miembros de ambos partidos participaron en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación relacionada con el desarrollo habitacional y formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. “El PRIAN debe explicar sus propias decisiones. Aparecen sus miembros en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación de Gardeno y también formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué revisaron antes de aprobar? ¿Qué estudios respaldaban esa decisión? ¿Qué condiciones exigió para proteger a las familias?”, cuestionó.
Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de revisar el expediente completo para conocer el alcance de las autorizaciones y las responsabilidades de quienes intervinieron, sin establecer una relación anticipada con las inundaciones. “Hoy exige explicaciones y tiene derecho a hacerlo, pero también debe rendir cuentas de su actuación. Las familias merecen conocer qué se autorizó, con qué sustento y qué seguimiento se dio. Que se abra el expediente completo y que cada quien responda por sus decisiones”, concluyó.
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