El 11 de octubre de 2026, la oposición en el Congreso de la Unión expresó su preocupación por la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada recientemente por los diputados. Considerada un “silencioso ataque a la propiedad privada”, esta ley busca actualizar y homologar la información del patrimonio inmobiliario en todo el país.

El proyecto de decreto, que ahora será analizado por el Senado de la República, se basa en un diagnóstico que identifica problemas como despojo, corrupción, dobles registros y abusos en las oficinas de servicios públicos. Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, destacó que la ley permitirá la creación de una “clave única catastral” para identificar cada inmueble de manera más eficiente.

Sin embargo, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) han cuestionado el impacto que esta ley podría tener en los municipios. Argumentan que convertirá a las administraciones locales en “una oficialía de partes del gobierno federal”, lo que violaría el Artículo 115 de la Constitución, que otorga a los gobiernos locales la facultad de establecer sus propias leyes de ingresos prediales, aprobadas por sus respectivos congresos.

Los opositores advierten que la implementación de esta ley podría resultar en un “predialazo”, es decir, un aumento significativo en los recibos de impuestos prediales que recibirán los propietarios, debido a que los datos locales quedarían bajo el control de autoridades federales. Además, señalan que los gobiernos locales tendrían que actualizar sus catastros sin recibir presupuesto adicional, lo que podría generar problemas de seguridad y vulneración de datos patrimoniales personales.

Es importante mencionar que el Congreso mexicano ha estado en falta desde 2013, cuando se le otorgaron facultades para establecer una ley general en esta materia. Este año, la presidenta de la República presentó la iniciativa con el objetivo de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia Nacional de Transformación Digital impulsen la modernización y ordenamiento de los catastros en el país.