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Chihuahua

Ordenan al Municipio de Saucillo publicar percepciones de sus funcionarios y gastos de viáticos

Los comisionados integrantes del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) aprobaron por unanimidad los proyectos de resolución de las dos denuncias por incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en contra del Municipio de Saucillo interpuestas por el Consejo Estatal Anticorrupción A.C.

Las comisionadas Alma Rosa Armendáriz Sigala, María Nancy Martínez Cuevas, Amelia Lucía Martínez Portillo y el Comisionado Presidente, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, celebraron este día la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de febrero en la que desahogaron los 14 puntos contemplados en la Orden del Día.

Entre los expedientes resueltos por los comisionados presentes en la sesión, están los dos interpuestos en contra el municipio de Saucillo, identificados como DAPDP/D/SLL/192/2018 y DAPDP/D/SLL/203/2018.

Ambos expedientes se recibieron el 15 de octubre de 2018 y en primera de ellas, la DAPDP/D/SLL/192/2018, se denunció el incumplimiento por parte del Sujeto Obligado Municipio de Saucillo, por no incumplir con lo dispuesto en el artículo 77 fracciones VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la remuneración de todos los servidores públicos y a los gastos de representación y viáticos, respectivamente.

En la segunda denuncia, identificada con el número DAPDP/D/SLL/203/2018, el señalamiento de la asociación civil, señaló la falta de cumplimiento a la obligación de publicar el programa anual de comunicación social o equivalente, consideradas dentro de la fracción XXXIII del Artículo 77 de la Ley de Transparencia, así como la erogación de gastos durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

El pleno del ICHITAIP ordenó al Sujeto Obligado Municipio de Saucillo, implementar las medidas de carácter técnico y administrativo indicadas a fin de garantizar la publicidad y actualización de dicha información y luego informar a éste órgano garante el cumplimiento de esta disposición.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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