La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha dependencia.

El funcionario explicó que, para acelerar el esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con funcionarios de ambas instituciones.

“Lo que hicimos fue formar un grupo de agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz. Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.

El resultado es la judicialización (antes conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.

El subprocurador no reveló la identidad de los involucrados para no entorpecer las investigaciones ni violar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, aclaró que son exfuncionarios que tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales, y que de acuerdo con la Auditoría fueron desviados sin que se pudiera acreditar su destino ni devolución.

“Entre estos funcionarios no se encuentra Javier Duarte, sin embargo, los casos continúan bajo investigación y si en su momento resultan responsables se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra”, dijo el subprocurador.

Los exfuncionarios en contra de los que se giraron las órdenes de captura son acusados por PGR de ser probables responsables del delito de peculado. Dicho ilícito se encuentra contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal, y lo comete el servidor público que distraiga recursos públicos para su beneficio o el de terceros. Dependiendo del monto denunciado es un ilícito que puede alcanzar desde tres meses hasta 14 años de prisión. El proceso se puede seguir en libertad.

Fuente: Animal Político