Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que su participación en el combate al outsourcing ilegal consiste en recibir las vistas que dan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y presentar las querellas respectivas en donde se pueda acreditar dicho delito, pero sobre todo, la delincuencia organizada.
“Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal”, dijo durante la conferencia matutina e indicó que la persona que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y puede recibir hasta 20 años de prisión, y precisó que quienes los contratan también corren riesgos pues se les puede iniciar una investigación, presentar una querella, girar una orden de aprehensión y ser sancionados con 14 años de cárcel.
El procurador fiscal precisó que es importante identificar en qué casos los delitos se persiguen por delincuencia organizada y señaló que en el caso de defraudación fiscal es cuando tres o más personas en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas.
“Esto va perfectamente tipificado para los factureros o en este caso para los que prestan el servicio de tercerización ilegal. Es decir, que constituyen empresas con testaferros con domicilios que no representan el giro de la empresa, con empresas que no tienen activos y sin embargo pasan grandes cantidades de dinero por las mismas y que solo se constituyen para un fin ilegal, esto es para defraudar al IMSS, Infonavit y SAT. Esto es delincuencia organizada”, apuntó.
Explicó que anteriormente se enfrentaban a diversos casos donde las firmas sacaban el dinero en efectivo y no se tenían las herramientas para seguir la huella del dinero y llegar a las cabezas de las organizaciones criminales.
No obstante, mencionó que hoy en día con los mecanismos que da el régimen de excepción de delincuencia organizada tienen la capacidad de tener escuchas para poder identificar cómo se mueven las organizaciones y tener criterios de oportunidad para que cualquier persona que participa en la estructura criminal, pueda tener beneficios si dice quién es el líder, por ejemplo.
“Esto es el régimen de delincuencia organizada para quien da el servicio de outsourcing. Para los patrones, los que contratan el servicio de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional que también permite prisión preventiva oficiosa por arriba de 7.5 millones de pesos, pero aquí sí se da la oportunidad para que puedan regularizar su situación fiscal, que paguen todo lo que deben y a cambio de eso no se va a ejercer acción penal. Por eso es muy importante que se presenten y regularicen su situación”, refirió.
Fuente: Aristegui Noticias
