La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aprobó hoy declarar la «crisis humanitaria en materia alimentaria» en el país, un acuerdo enmarcado en «una crisis social sin precedentes» que, aseguran los diputados, tiene a tres millones de venezolanos «comiendo desperdicios».

La llamada «Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela», que fue aprobada de manera unánime por la oposición parlamentaria y con el voto ausente del bando oficialista, será enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales.

En la declaración se considera que «el modelo económico impuesto por el Ejecutivo nacional basado en estatismo, expropiaciones arbitrarias, controles abusivos de precios y en desprecio de la iniciativa privada en la economía solo ha tenido como resultado el colapso a niveles históricos en la producción nacional».

En el documento se indica que la inflación anualizada, dato que no ha sido ofrecido por el Banco Central desde 2015, ha llegado a 700 por ciento y la escasez de productos básicos supera el 90 por ciento.

También se considera que las consecuencias en la población de «las malas políticas económicas y el estado crítico de la producción nacional que ellas han ocasionado han llevado a una crisis social sin precedentes que se expresa en 82 por ciento de hogares pobres, 73 por ciento de personas perdiendo peso».

Se indica en el acuerdo que gracias a estas políticas hay 52 por ciento de niños que corren el riesgo de padecer o padecen de desnutrición «y 3 millones de venezolanos comiendo desperdicios».

Se señala, además, que la industria agrícola sufre la escasez de materias primas lo que también dificulta la atención de las necesidades alimentarias de la población.

En el acuerdo se critican los estatales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que fueron creados hace casi un año por el gobierno de Nicolás Maduro para vender y distribuir alimentos básicos y que, según se indica en el documento, han atendido a «solo el 10 por ciento de la población».

Los CLAP, dice la declaratoria, «no atacan las causas de la crisis alimentaria al ser un mecanismo basado netamente en las importaciones de productos que además propicia la corrupción».

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