Política

Partidos deberán comprobar gastos en contiendas internas: INE

Los partidos deberán comprobar los gastos realizados durante las contiendas en las que elijan a dirigentes nacionales y que sean organizadas por el INE según el acuerdo publicado en el DOF; se prohíben los pagos en efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al proveedor o prestador del bien o servicio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó tres acuerdos que expiden reglamentos y lineamientos para que partidos políticos comprueben los gastos realizados con motivo de los procesos de elecciones internas de sus dirigentes nacionales organizados por el INE.

El primer documento publicado en el Diario Oficial de la Federación establece los requisitos y conceptos de gastos que comprobarán los partidos y garantizar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en el ejercicio de la función electoral.

Las reglas prohíben los pagos en efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al proveedor o prestador del bien o servicio, a excepción de los gastos pagados por conceptos de transporte terrestre, alimentación u otros menores directamente vinculados con la organización de la contienda interna.
Cuando las operaciones de proveedores o prestadores de servicios rebasen la cantidad equivalente a 90 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberá recibir el pago mediante transferencia electrónica o cheque nominativo y con la leyenda «para abono en cuenta del beneficiario”.

Entre otros conceptos a comprobar están los servicios generales y por propaganda en los medios de comunicación incluidos impresos, electrónicos, internet y espectaculares en vía publica, entre otros.

En el segundo texto se expide el reglamento que regulará la celebración de las sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto y la actuación de sus integrantes.

En el tercer acuerdo se emite el reglamento Interior del INE para establecer las normas que regulan el funcionamiento de la estructura orgánica del organismo, para el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en cumplimiento de sus fines.

Fuente El Financiero

Política

Aprueba Congreso reforma sobre responsabilidades por sobrecarga vehicular

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Transporte, con 33 votos a favor, que busca establecer responsabilidades más claras en casos de sobrecarga en vehículos de transporte. La iniciativa fue presentada por la diputada Joss Vega, quien destacó la importancia de que los propietarios o responsables de los lugares de carga también asuman las consecuencias cuando se excedan los límites de peso permitidos.

Durante la presentación del dictamen, la legisladora explicó que la reforma tiene como objetivo garantizar que tanto los operadores de los vehículos como los responsables de las instalaciones donde se realiza la carga excesiva compartan la responsabilidad en caso de que se produzcan incidentes relacionados con el exceso de peso. “Con esta reforma buscamos que exista una responsabilidad más clara y justa, porque cada quien debe responder por la parte que le corresponde. No podemos dejar toda la responsabilidad en el operador cuando el exceso de peso puede generarse desde el lugar donde se carga la mercancía”, afirmó Vega.

Además, la diputada subrayó que esta modificación representa un avance significativo en materia de seguridad vial y conservación de la infraestructura carretera. La reforma contribuirá a prevenir accidentes ocasionados por vehículos que circulan con sobrepeso, así como a proteger las carreteras y puentes del deterioro que puede causar la sobrecarga.

Joss Vega también reconoció el apoyo de las distintas fuerzas políticas en el Congreso para la aprobación unánime del dictamen, resaltando que se trata de una modificación que atiende una problemática concreta y que fortalece la seguridad y la responsabilidad en las actividades de transporte. Con esta reforma, se espera mejorar las condiciones de seguridad en las vías de comunicación del estado y fomentar una mayor responsabilidad entre los actores involucrados en el transporte de mercancías.