El Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió anoche ante empresarios a analizar y, en su caso, modificar el artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes de que sea promulgada esta legislación en el Diario Oficial de la Federación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, acudió a Los Pinos para expresar los errores de los artículos mencionados y explicar lo inoperable que resultaría la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de dueños y de los trabajadores de las empresas, así como de los becarios y beneficiarios de los programas gubernamentales, que más allá de lograr transparencia, llevaría a la incertidumbre jurídica.

La recepción a empresarios, que no formaba parte de la agenda pública del Ejecutivo, se da en un contexto en el cual este sector ha manifestado su rechazo a cierto contenido de la Ley 3de3 que obligaría a la IP que sostiene contratos con el gobierno federal a presentar sus declaraciones fiscal, de conflicto de interés y patrimonial.

El presidente Peña Nieto ya tiene en sus manos desde el pasado 15 de junio una serie de reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, tales como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Durante la tarde del martes, comenzaron a circular versiones de la cancelación de la promulgación de la Ley 3de3, luego de que la senadora de Movimiento Ciudadano Martha Tagle publicara en su cuenta de Twitter que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cancelaba el evento programado para dicha promulgación.

Sin embargo, la SFP negó haber girado invitaciones al evento de promulgación del paquete de leyes anticorrupción, y luego los oficios de cancelación de ese evento. La dependencia explicó que su logotipo apareció en los oficios porque formó parte de la organización, pero no le correspondió hacer la convocatoria a los invitados.

Por otro lado, en lo que va de su mandato, Enrique Peña Nieto no ha vetado ninguna ley.

El pasado 15 de junio, el Senado de la República le cerró la puerta a los cambios que planteó la Iniciativa Privada (IP) a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además de que, en el marco del combate a la corrupción, se negó también a que los empresarios que reciban recursos públicos queden exentos de presentar sus declaraciones patrimonial y de interés, así como su constancia anual de declaración de impuestos.

Al tiempo en que el Senado le dio más obligaciones a la IP, también le cerró la puerta a este sector, al no incluir en la ley los cambios que solicitaron la Coparmex, la Concamin y el CCE en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La cúpula empresarial solicitó 17 modificaciones que le fueron negadas, entre ellas que la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad respectiva, como consecuencia de las faltas administrativas graves de los particulares, procedan cuando el Tribunal solicite la opinión de la Secretaría de Economía o de la autoridad reguladora de la persona jurídica para evitar afectaciones negativas al mercado o localidad en la que la persona moral opere.

El Economista