El 9 de noviembre de 2026, Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que apoyó a Irinea Buendía en la creación de la reforma conocida como Ley Mariana Lima Buendía, destacó la importancia de implementar esta legislación en las fiscalías del país. El objetivo es investigar todas las muertes violentas de mujeres con una perspectiva de género y sancionar a los funcionarios que obstaculicen el acceso a la justicia. Esta ley, que ya está en vigor en el Estado de México, busca ser un modelo para un cambio a nivel nacional.

La historia de Mariana Lima Buendía, quien fue inicialmente considerada víctima de un suicidio, es emblemática de la lucha por justicia en casos de feminicidio. Su madre, Irinea Buendía Cortés, se opuso a esta versión y llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución del máximo tribunal permitió reabrir la investigación con un enfoque de género, estableciendo un precedente que, más de una década después, se tradujo en una reforma legal en el Estado de México.

La Ley Mariana establece que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, garantizando así una debida diligencia en las indagatorias. Además, incorpora sanciones para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, omisiones o negligencia que obstaculicen las investigaciones y la administración de justicia.

Esta reforma plantea un cuestionamiento crucial para las instituciones: ¿cuántas muertes de mujeres han sido investigadas de manera deficiente y cuántos casos han sido desestimados sin agotar todas las líneas de investigación? La Ley Mariana busca no solo prevenir que otras familias enfrenten el mismo sufrimiento, sino también establecer un marco legal que garantice la justicia para las víctimas de feminicidio en México.