El 4 de noviembre de 2026, Magnicharters fue declarada oficialmente en quiebra por una jueza federal, tras más de seis meses de haber suspendido sus operaciones, dejando a miles de pasajeros sin vuelos ni servicios turísticos contratados. Esta declaración abre la etapa de liquidación de activos de la aerolínea, con el objetivo de intentar cubrir las deudas acumuladas con trabajadores, clientes y otros acreedores.

La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien aceptó la solicitud presentada por Grupo Aéreo Monterrey, propiedad de los hermanos Bojórquez Maza, debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones financieras de la compañía.

Como parte de la sentencia, se ordenó que un síndico designado inicie las diligencias necesarias para inventariar y tomar posesión de los bienes de Magnicharters. Esto incluye documentos contables, archivos electrónicos, dinero en caja y otros activos que se encuentren bajo su resguardo o en poder de terceros. Estos bienes podrán ser administrados y, si es necesario, vendidos para cubrir los compromisos pendientes.

La declaración de quiebra se produce tras la denuncia de un grupo de 91 agentes de viajes independientes que, el 30 de junio, anunciaron su intención de emprender acciones legales contra los propietarios de Magnicharters por un probable delito de fraude. Los afectados reclamaban la devolución de 12 millones 481 mil pesos, correspondientes a paquetes turísticos que incluían vuelos, hospedaje y traslados que nunca se concretaron.

Los pasivos de Magnicharters se estiman en alrededor de 800 millones de pesos, que incluyen deudas con trabajadores, pasajeros y otros acreedores. Entre las obligaciones financieras se destacan aproximadamente 161 millones de pesos por compromisos laborales, cerca de 150 millones con agencias de viajes y 80 millones con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por servicios aeroportuarios y arrendamiento de hangares.

A pesar de que la quiebra abre un procedimiento para identificar y liquidar los bienes de la empresa, aún queda por determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué proporción corresponderá a cada uno de los acreedores. Para los pasajeros y agentes de viajes que han denunciado a la aerolínea, esta resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por la recuperación de sus fondos.