La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por los presuntos actos de espionaje en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
El anuncio se hizo la mañana de este miércoles, a 48 horas de que medios de comunicación nacionales y extranjeros publicaron que el Gobierno de México interviene ilegalmente las comunicaciones de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, mediante un software que adquirió en Canadá a una empresa israelita.
«La FEADLE abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente», dijo la PGR en un comunicado.
Explicó que con relación a la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, y aseguró que se garantizará el derecho de los denunciantes para coadyuvar en la investigación a través de sus representantes legales.
Señaló que como parte de la investigación que inició, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes.
Asimismo se realizará la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.
Agregó que también investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.
«La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones», dijo la dependencia que encabeza Raúl Cervantes Andrade .

EL Financiero