El gobierno de México informó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, que tiene pruebas sobre los móviles por los que 43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, pero aclaró que por el momento se abstendrá de difundirlas al público, aunque confió en que este año concluirá las investigaciones.

En el 167 periodo de sesiones de la CIDH, el fiscal Alfredo Higuera Bernal, a cargo del caso en la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que “en las últimas semanas” llegó información “importante” sobre elementos esenciales que se mantendrán en secreto.

Identificar el móvil es “sin duda la raíz del problema, así como lo que pueden aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron”, subrayó al confirmar que “se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre a por qué los jóvenes fueron acometidos”.

En un comunicado conjunto emitido en México por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como por la PGR, se informó que las investigaciones concluirán este año.

Insistió en que el gobierno ha obtenido información importante en las últimas semanas para la identificación del móvil de los hechos, la cual daría cuenta del nivel de involucramiento de una organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva.

A una pregunta de Mario González, padre de César González, una de las víctimas, contestó que “la meta es saber todo lo que ocurrió” y encontrar a los desaparecidos.

Los padres acusaron de cinismo a las autoridades por “evadir su responsabilidad y pretender desgastar a los familiares” de los 43. El gobierno anunció que está en proceso de capturar a 30 presuntos implicados.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, señaló que durante 2017, el gobierno mexicano llevó el caso con lentitud, debido a que del cronograma de diligencias, que considera cumplir 11 puntos de investigación en un lapso de julio a octubre del año pasado, “ninguno de los puntos se ha cumplido, al contrario, 80% del cronograma permanece incumplido”.

Seguridad
En otra audiencia este viernes en la CIDH, el gobierno mexicano alegó que la Ley de Seguridad Interior, emitida en diciembre de 2017 por el Congreso, surgió por “la amenaza real” del narcotráfico y del crimen organizado, y garantizó que no criminalizará la protesta.

Grupos no gubernamentales replicaron que con mayor presencia militar tampoco se reducirán la violencia y la inseguridad en México.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aclaró que la ley todavía no es aplicada porque se espera un pronunciamiento de la Corte y aseguró que a los cuerpos militares y policiales se les inculcan “normas de uso debido y proporcionado de la fuerza“, así como de respeto a los derechos humanos.

La inseguridad se agravó por la venta de armas sin control en el sector de Estados Unidos de la frontera con México y hay un “tráfico brutal de armas” al lado mexicano, dijo.

Ernesto López Portillo, del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y del bloque de 28 grupos no estatales que llevó el tema de la ley a la Comisión Interamericana, alegó que la inseguridad creció en México pese a que desde 2016 la seguridad pública fue militarizada.- José Meléndez y Pedro Villa y Caña