Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, aprobaron la petición de la diputada Alma Portillo Lerma (MC), en la cual se exhortó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral, para que presente un informe en un plazo no mayor a diez días hábiles, sobre el número de fugas de agua registradas en los últimos seis meses, el tiempo de atención de cada una y el estatus de las mismas.
Asimismo, se implemente un programa de reparación integral de fugas que sean supervisado, y auditado por la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado y que dicho organismo estatal, acompañe técnicamente la implementación del programa para garantizar que los recursos públicos destinados al mantenimiento de la red hidráulica sean utilizados de forma eficiente y transparente.
El exponer su petición, la Legisladora refirió que, en colonias de Hidalgo del Parral a diario el agua potable brota de banquetas, rompe el pavimento, corre por las calles y se desperdicia en cantidades alarmantes. Paradójicamente, mientras el recurso se fuga por redes mal mantenidas, miles de familias padecen la escasez, los tandeos arbitrarios y la presión mínima que impide siquiera llenar un balde. Esta es una crisis provocada, sostenida y tolerada por quienes deberían garantizar el suministro.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales, obligan a las autoridades a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, calidad y continuidad del agua potable, sin embargo, en el caso referido, la omisión de reparar las fugas no es un error sino una regresión inadmisible en el cumplimiento de derechos fundamentales, agregó.
La ciudadanía ha hecho su parte: ha reportado, ha documentado, ha esperado. Existen fugas reportadas desde hace semanas, meses e incluso años, sin que las cuadrillas de reparación den respuesta; es por lo anterior que la 68 Legislatura hace los llamados antes mencionados, dada la urgencia de contar con un programa de reparación integral de fugas en el estado con metas establecidas, seguimiento público y con la apertura de canales de participación ciudadana para la identificación y denuncia de fugas.
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