Chihuahua

Pide diputado a Federación garantizar derechos laborales de jubilados y pensionados del extinto Banrural

Con el objetivo de garantizar los derechos laborales de 566 jubilados, pensionados y derechohabientes del extinto Banrural en el estado de Chihuahua y de aproximadamente 15 mil en el País, el diputado local Omar Bazán presentará hoy iniciativa para que la federación incluya los montos suficientes tras la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria, como Banca de Desarrollo.

Recordó que en el año 2003 se decretó la extinción del Sistema Banrural y las 13 sociedades de crédito que la integraban.

Para ello se promulgó la Ley Orgánica de la Financiera Rural en la que se incluyó las obligaciones que Banrural había adquirido para con sus Jubilados, Pensionados y derechohabientes.

Sin embargo, el pasado 22 de mayo el ejecutivo federal presentó iniciativa para derogar la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquera y crear en su lugar, la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

En dicha iniciativa que se discute en el Congreso de la Unión, se omite cualquier mención al FOPESIBAN como el Fideicomiso garante de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores jubilados y pensionados del Sistema Banrural.

Por lo anterior, el diputado priista presentará hoy una iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, para hacer un llamado al Congreso de la Unión a fin de que garantizar los derechos de los pensionados y jubilados en dicha iniciativa mientras que a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cumpla con la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los recursos adicionales, necesarios y suficientes para cubrir los déficit actuariales que resulten de la operación de cada ejercicio fiscal, para que así el Fideicomiso pueda cumplir con el objetivo para el que fue diseñado, de mantenerse vigente durante un período de 50 años a partir del 2003, o hasta que el último jubilado hubiese fallecido.

Esta obligación, dijo, exceptuando los tres primeros años, fue sistemáticamente incumplida por la SHCP y constituye, sin duda, la causa más relevante para que en la actualidad el Fideicomiso se encuentre en un acelerado proceso de descapitalización, donde los recursos disponibles resultan apenas suficientes, para los próximos 3 años y con ello, su vigencia sería sólo de 18 años en contraposición con los 50 previstos originalmente.

En síntesis, la supresión por omisión de los mecanismos de protección financiera previstos de origen, cancelaría la viabilidad operativa del Fideicomiso y lo situaría en un proceso ya irreversible, que culminaría en el corto plazo con su insolvencia definitiva, toda vez que, con el mismo hecho, se estaría creando un vacío jurídico y normativo, respecto de la responsabilidad, consignada todavía en la Ley, de refinanciar el FOPESIBAN en tiempo y forma.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.