La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Isela Torres Hernández, exhortó a la Fiscalía General del Estado a que actúe en la investigación por la denuncia de cohecho y peculado en contra de funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento de Juárez.

En días pasados, el Síndico de la ciudad fronteriza, Héctor Aarón Yáñez Limas, dio a conocer ciertas actividades ilícitas en cumplimiento al Artículo 36 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en el que se establece la obligación de vigilar el patrimonio de las arcas municipales.

“Actividades que de ser analizadas por las autoridades competentes pudiera desencadenar en responsabilidades de carácter penal y acarrear penas a los funcionarios involucrados y es necesario precisar que esta denuncia ya se presentó ante la Fiscalía General del Estado, zona norte”, mencionó la legisladora.

La denuncia se presentó contra los presuntos responsables: el C.C. Manuel Gilberto Contreras, Gerardo Silva Márquez y el actual Alcalde de Cd. Juárez Armando Cabada, el segundo de ellos Director de Obras Publicas con Licencia.

El que se señala como Director de Obras Públicas Municipales, fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Juárez y quien durante 27 años según su dicho fue socio de la empresa Constructora Fronteriza S.A. de C.V. posiciones, que sin conceder, generarían un ambiente propicio para favorecer los delitos de los cuales ha sido denunciado.

“Se habla de un posible favoritismo en contratos por la cantidad de 17 millones de pesos a la empresa Constructora Fronteriza S.A. de C.V, es necesario que se le dé certeza a la ciudadanía juarense y que se le tome importancia a los hechos denunciados por el Síndico de esa ciudad”, concretó Torres Hernández.

Dijo que estas acciones generan un detrimento a las arcas municipales y por lo consiguiente al patrimonio de los juarenses; de acuerdo con el Artículo 35, inciso a fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la FGE tiene uso de atribuciones para investigar los supuestos a los que se hace referencia y determinar si estos pudieran ser constitutivos de delito.

“La Fiscalía General del Estado debe de aplicar la sanción correspondiente si fuera el caso, en apego irrestricto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, concluyó la diputada priista.