En los dos años de la actual administración federal, un total de 53 servidores públicos han sido vinculados a procesos penales por delitos relacionados con actos de corrupción. Esta información fue presentada por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), durante una conferencia en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Buenrostro detalló que, gracias a acciones preventivas, la administración ha logrado proteger cerca de 84 mil millones de pesos. En cuanto a las sanciones, se informó que en este periodo se han sancionado administrativamente a 4 mil 193 servidores públicos, de los cuales 3 mil 528 fueron por faltas no graves y 665 por faltas graves.

Las principales irregularidades observadas incluyen la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información confidencial, la autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos, así como hostigamiento y acoso sexual.

Además, se ha remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a mil 737 servidores públicos, de los cuales 87 ya han sido notificados como sancionados y mil 650 casos se encuentran en proceso.

En lo que respecta a las sanciones impuestas a particulares, se han penalizado a 286 personas morales, de las cuales 222 han sido inhabilitadas con multa y 64 solo han recibido multas. Las multas impuestas han generado ingresos por 147.3 millones de pesos.

Las faltas más comunes cometidas por los particulares incluyen la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de obligaciones contractuales, la simulación de experiencia técnica mediante la falsificación de currículos, así como la ocultación de conflictos de interés.