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Pide morena al IEE investigar propaganda del PAN y prevenir la cosificación de las mujeres en la política

Pide morena al IEE investigar propaganda del PAN y prevenir la cosificación de las mujeres en la política

Magdalena Rentería presentó preguntas a la autoridad electoral y una iniciativa para evitar que la imagen de las mujeres se utilice como instrumento de propaganda rumbo a las elecciones de 2027. Durante la sesión, PAN, PRI y MC se retiraron, rompiendo el quórum e impidiendo que diputados de morena continuarán con sus intervenciones

Chihuahua.- La propaganda electoral no está por encima de la dignidad de las mujeres. Con ese argumento, la diputada de morena, Magdalena Rentería Pérez, llevó al Congreso de Chihuahua el caso de una caravana con mensajes contra morena y mujeres bailando sobre tractocamiones, registrada el pasado 10 de octubre en Ciudad Juárez, para exigir explicaciones sobre su organización y financiamiento, así como impulsar medidas que impidan normalizar la cosificación de las mujeres en la política.

Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se retiraron del recinto, con lo que rompieron el quórum e impidieron que las y los diputados de morena continuaran haciendo uso de la tribuna. La salida de estas fuerzas políticas interrumpió el desarrollo de los trabajos legislativos y dejó sin posibilidad de continuar las participaciones de la bancada.

La legisladora presentó dos acciones sobre el mismo asunto: una serie de ocho preguntas dirigidas a Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), y una proposición con carácter de punto de acuerdo para fortalecer la prevención y atención de estas prácticas durante el proceso electoral 2026-2027.

La caravana se dirigía a una concentración relacionada con la toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. Para Rentería Pérez, el caso obliga a examinar la distancia entre los valores que Acción Nacional dice defender y las prácticas que acompañan sus actividades políticas.

La diputada fue enfática en distinguir entre la libertad de las mujeres y la responsabilidad de quienes organizan los actos. No cuestionó la vestimenta, el trabajo ni las decisiones de quienes participaron, sino el posible uso de sus cuerpos como atractivo publicitario para difundir propaganda partidista.

El punto central, sostuvo, es determinar quién tomó esas decisiones, quién las financió y qué responsabilidades pueden derivarse. Por ello, pidió al IEE esclarecer los hechos, identificar a los organizadores y establecer si existió alguna relación con el PAN, sus dirigentes o las personas beneficiadas por los mensajes exhibidos.

Las preguntas también buscan conocer si el Instituto considera que estas conductas pueden constituir infracciones electorales, prácticas discriminatorias o violencia política contra las mujeres en razón de género. La diputada solicitó que cualquier valoración se realice con perspectiva de género y sin trasladar la responsabilidad a las mujeres involucradas.

La proposición con carácter de punto de acuerdo, por su parte, plantea que la prevención no puede limitarse a reaccionar cuando una conducta ya ocurrió. Rentería Pérez pidió conocer qué medidas concretas adoptará el organismo electoral para evitar que la cosificación de las mujeres se reproduzca en caravanas, mítines, precampañas y campañas, así como los mecanismos de denuncia, atención y sanción que estarán disponibles rumbo a 2027.

También solicitó que el IEE promueva compromisos públicos de los partidos políticos, establezca responsables y plazos para implementar medidas preventivas e informe sobre sus resultados. En caso de acreditarse alguna infracción, pidió precisar qué autoridad deberá determinar las sanciones y qué medidas de reparación o garantías de no repetición podrían aplicarse.

La legisladora cuestionó, además, que dirigentes panistas se deslinden de los hechos sin que antes se esclarezca quién organizó y pagó la caravana. Consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer la relación entre la propaganda exhibida y el acto político al que se dirigía, así como a exigir congruencia a quienes hacen de la defensa de la familia y la libertad una bandera pública.

El problema, subrayó, no corresponde exclusivamente a un partido. La exigencia de respeto debe aplicarse a todas las fuerzas políticas, incluido morena. La propaganda que recurre a la sexualización de las mujeres para atacar a sus adversarios desplaza la discusión de las propuestas y reproduce prácticas que reducen su participación pública a su apariencia física.

Para Rentería Pérez, la participación de las mujeres en la política debe medirse por sus posibilidades de decidir, dirigir y transformar la vida pública, no por su utilidad como recurso para atraer miradas o promover mensajes electorales.

La diputada sostuvo que el respeto a las mujeres debe reflejarse en la forma de hacer política y no quedarse en el discurso. Por ello, insistió en que el IEE debe esclarecer los hechos y establecer qué medidas corresponden para evitar que estas prácticas se conviertan en una herramienta habitual de las campañas.

Resto del mundo

Siete migrantes demandan a ICE por retener pertenencias tras liberación

Siete migrantes demandan a ICE por retener pertenencias tras liberación

Siete inmigrantes han interpuesto una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), acusando a la agencia de retener de manera indebida documentos personales, permisos de trabajo, pasaportes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias, incluso después de haber sido liberados de centros de detención migratoria. La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y sostiene que ICE mantiene una práctica sistemática que priva a los migrantes de documentos esenciales para trabajar, conducir, rentar una vivienda o demostrar su estatus migratorio. Los demandantes están representados por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP. La demanda señala que la agencia incumple la “Confiscation Directive” o Directiva 11311, una política interna que regula el manejo de documentos de identidad y pertenencias de personas sujetas a procedimientos migratorios. Según el documento, aunque ICE puede confiscar temporalmente pasaportes, permisos laborales o identificaciones por razones operativas, está obligado a devolverlos una vez que la persona es liberada, a menos que exista una justificación legal específica. Además, la directiva establece que, si un documento original permanece bajo custodia de la agencia, el migrante debe recibir una copia certificada. Los demandantes afirman que en numerosos casos esto no ocurrió. La demanda incluye testimonios de migrantes de Rusia, Venezuela, Guatemala, Cuba, Colombia y El Salvador, quienes aseguran haber perdido acceso a documentos esenciales tras su paso por centros de detención. Uno de los casos más destacados es el de Vladimir Izmailov, un ciudadano ruso con una solicitud de asilo pendiente, quien denuncia que ICE ha conservado durante más de cinco meses su permiso de trabajo, licencia de conducir y anillo de bodas.

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