México
Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz
El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.
Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de comunicación social; Adolfo Mota Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.
En las elecciones federales de 2015 todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo hicieron justo después de dejar sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con licitaciones simuladas.
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales.
El año pasado la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en contra de algunos de los legisladores pero el fuero que perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.
La Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El personaje clave
El diputado federal Antonio Tarek Abdalá es una figura central en los pagos a la red de empresas fantasma. Desde su cargo como tesorero del Estado dio el visto bueno para la salida de los recursos e incluso, según exfuncionarios de Veracruz, por orden suya se anticiparon pagos a dichas empresas antes de que se simularan los procesos de licitación y adjudicación en las dependencias.
Al inicio del gobierno de Duarte se desempeñó como tesorero del DIF Estatal, instancia desde la cual arrancó el pago a las compañías fachada. Luego, con su llegada a la Tesorería del Estado, estos pagos se extendieron a múltiples secretarías. De acuerdo con lo documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, fueron poco más de 1 mil 459 millones de pesos los pagos que salieron de la tesorería a las compañías fachada.
Abdalá estuvo presente en distintas operaciones irregulares. Por ejemplo, Xóchitl Tress –exfuncionaria del gobierno de Duarte – declaró ante el Ministerio Público que fue Tarek quien encabezó la reunión en la que usando una empresa fachada del contador Víctor López Gachuz, se le transfirió dinero para adquirir una casa.
En septiembre de 2017 la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz reveló que integraba una carpeta de investigación en contra de Tarek Abdalá por su probable participación en diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y peculado. Por este motivo envió una misiva al Congreso en la que solicitaba su desafuero ,a fin de que pudiera ser presentado ante el Ministerio Público.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año la Sección Instructora de la Cámara de Diputados – presidida por un diputado priistas – rechazó darle siquiera trámite a la solicitud de la Fiscalía de Veracruz, bajo el argumento de que la carpeta de investigación en la que se involucraba a Tarek Abdalá no estaba resuelta.
En los últimos meses los abogados del diputado federal han promovido demandas de amparo para averiguar si hay investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra.
Animal Político
México
Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán
El Gobierno de México ha informado que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha alcanzado un avance del 67 por ciento a un año de su implementación. Este programa, que incluye más de 2 mil 500 obras y acciones programadas, ha visto la conclusión de mil 680 de estas iniciativas, además de un ejercicio presupuestal que equivale al 61 por ciento de los recursos destinados para el periodo 2025-2030.
Durante la conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los 12 ejes que componen esta estrategia federal, la cual busca atender diversas necesidades en Michoacán a través de intervenciones en seguridad, educación y desarrollo social.
La inversión total proyectada para el programa es de 118 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido aproximadamente 72 mil millones. Sheinbaum destacó que los resultados obtenidos son parte de un esfuerzo continuo que requiere la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. “Hemos avanzado, por supuesto que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.
En el ámbito de la seguridad, la mandataria aseguró que se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto y que se mantienen mecanismos de comunicación y colaboración con representantes de diversos sectores sociales en el estado.
Asimismo, la evaluación del programa incluye indicadores relacionados con la educación, como el número de estudiantes inscritos en las escuelas y la continuidad de los jóvenes en los distintos niveles educativos. Se ha puesto especial énfasis en el seguimiento de los jóvenes que transitan de secundaria a preparatoria y de educación media superior a universidad, apoyados por programas de becas del Gobierno federal.
Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la presencia institucional en Michoacán a través de acciones cotidianas y una comunicación constante con la población, para conocer los resultados de las intervenciones y detectar necesidades pendientes. “Lo importante es que las y los michoacanos sepan que el Gobierno de México está presente en todos los municipios de Michoacán”, concluyó.
El balance presentado corresponde al primer año de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se extenderá hasta 2030, y contempla la continuidad de las obras y acciones correspondientes a sus 12 ejes de intervención. Aunque se dieron a conocer los porcentajes generales de avance físico y financiero, no se especificaron cifras concretas sobre la reducción de delitos ni los resultados desagregados de los indicadores educativos mencionados.
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