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Planea EU recopilar ADN de migrantes

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El Departamento de Justicia publicará el lunes una normativa enmendada que ordenará la recogida de ADN de casi todos los migrantes que crucen la frontera fuera de los puntos de entrada oficiales y que sean detenidos aunque sea de forma temporal, según el funcionario.

La persona habló bajo condición de anonimato porque la norma aún no se había publicado.

La norma no afectaría a personas con permiso de residencia permanente o a nadie que entre de forma legal en el país.

Los menores de 14 años estarían exentos. No estaba claro si los solicitantes de asilo que llegan por pasos fronterizos oficiales estarían exentos.

Funcionarios de Seguridad Nacional dieron hace dos semanas algunas pinceladas sobre el plan de ampliar el sistema de recogida de ADN en la frontera, pero no aclararon si los solicitantes de asilo se verían afectados o cuándo comenzaría el programa.

La nueva norma permitiría al gobierno reunir una enorme cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de inmigrantes, lo que plantea graves preocupaciones sobre privacidad y preguntas sobre si esos datos deberían archivarse cuando una persona no es sospechosa de ningún delito aparte de haber cruzado la frontera de manera ilegal.

Grupos de derechos civiles ya han expresado su preocupación por que esa información pueda utilizarse de forma inapropiada, y es probable que la nueva normativa provoque acciones legales.

Las autoridades de justicia esperan tener en marcha un programa piloto cuando termine el periodo de 20 días de consulta pública y expandirlo a partir de ahí, indicó el funcionario.

Las nuevas normas entrarían en vigencia el lunes, tras la publicación del texto.

Miembros del gobierno de Donald Trump dijeron confiar en resolver más delitos cometidos por inmigrantes al recopilar más información de ADN de un grupo de personas que a menudo pueden pasar desapercibidas para las autoridades.

El funcionario de Justicia también dijo que sería un elemento disuasorio, sumándose a otras medidas que pretenden disuadir a los inmigrantes de intentar entrar en Estados Unidos fuera de los pasos fronterizos oficiales añadiendo trabas al proceso de inmigración.

Hasta ahora, las autoridades tomaban muestras ADN de forma mucho más limitada, cuando un inmigrante era procesado en un tribunal federal por un delito penal.

Eso incluía el cruce ilegal de frontera, una acusación presentada sobre todo contra adultos solteros. Los que llegan acompañados por niños no suelen ser procesados porque los niños no pueden ser detenidos.

Trump y otros miembros de su gobierno suelen señalar a delitos cometidos por inmigrantes como un motivo para endurecer los controles de frontera.

Sin embargo, varios estudios han concluido que las personas que están en el país sin permiso de residencia son menos propensas a cometer delitos que los ciudadanos estadunidenses, y los inmigrantes legales menos aún.

Por ejemplo, un estudio publicado el año pasado en la revista científica Criminology mostró que entre 1990 y 2014, los estados con mayor proporción de inmigrantes tuvieron tasas de delincuencia más bajas.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron de inmediato las revelaciones iniciales sobre los planes de recogida de ADN hace dos semanas.

Eso podría cambiar de verdad el propósito de la recogida de ADN, de uno de investigación penal a (uno de) vigilancia sobre la población”, afirmó entonces la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Vera Eidleman.

Reducir la inmigración es el objetivo declarado de Trump, pero su gobierno ha tenido problemas para gestionar un repunte de personas que intentan entrar en Estados Unidos, en su mayoría familias centroamericanas que huyen de la pobreza y la violencia.

Las autoridades hicieron más de 810 mil detenciones en la frontera en el año fiscal terminado en septiembre, una cifra que no se había visto en más de 10 años.

Las autoridades dicen que las llegadas han descendido tras varias medidas restrictivas, cambios en las regulaciones de asilo y acuerdos con países centroamericanos, pero siguen siendo más numerosas que en los años anteriores.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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