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Chihuahua

Plantea Joss Vega reforzar protección legal para mujeres adultas mayores

Chihuahua, Chih.- En Chihuahua, más del 55% de la población mayor de 60 años son mujeres, de acuerdo con cifras del INEGI. Este sector enfrenta una doble vulnerabilidad: por su edad y por su género, lo que las expone a violencia patrimonial, económica, psicológica y física, además de discriminación estructural en el acceso a salud, empleo y programas sociales. Ante esta realidad, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Joss Vega Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de otorgarles una protección reforzada.

La legisladora explicó que las mujeres adultas mayores son víctimas frecuentes de despojo de bienes, abandono y sobrecarga en tareas de cuidado, mientras el marco jurídico estatal no las contempla expresamente como un grupo en situación de especial riesgo. La propuesta busca que las instituciones estatales y municipales implementen programas específicos para prevenir y atender estas problemáticas.

La iniciativa contempla que la Ley de Personas Adultas Mayores establezca como principio la protección reforzada hacia las mujeres mayores y que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incluya a este grupo como población en situación de riesgo, lo que permitiría diseñar refugios y programas especializados. También se prevé que el Ejecutivo estatal emita lineamientos para la aplicación de estas disposiciones en un plazo máximo de 180 días.

“La violencia contra las mujeres mayores existe y muchas veces se oculta en el entorno familiar. Con esta reforma queremos que el Estado reconozca su doble vulnerabilidad y genere políticas específicas para protegerlas”, señaló Vega Vargas.

La propuesta establece además que los presupuestos estatales y municipales incluyan partidas específicas destinadas a la atención de mujeres adultas mayores.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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