La PGR señaló que se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hay 69 personas bajo proceso y aclaró que si aún no hay sentencia en el caso es por las circunstancias propias de los procesos penales.

A cuatro años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, expuso que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias, se cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a la atención de dicho caso, y hay 620 tomos de expediente de averiguación previa.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó se cuenta con mil 447 personas declaradas ante el Ministerio Público, mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Como resultado de las investigaciones, añadió, se han efectuado además numerosas consignaciones ante los tribunales, y se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

En un comunicado, abundó que en materia de búsqueda se han efectuado 650 acciones pie-tierra en coordinación con distintas corporaciones, se ha aplicado tecnología LiDAR en superficies de aproximadamente un kilómetro cuadrado y 60 kilómetros cuadrados, en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.

Señaló que se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), además de peritos de la PGR, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos.

Asimismo se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las referidas indagaciones.

La Procuraduría aclaró además que las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público.

Reiteró, además de su compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación a “las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia”.