El gobernador Javier Corral presentó el conjunto de reformas a 11 leyes que propone el Poder Ejecutivo para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que permitirá a Chihuahua armonizar su marco normativo con el federal y aportar un diseño que garantice la institucionalización de la voluntad para actuar contra la corrupción con independencia de los cambios de Administración.

La Iniciativa de Decreto fue firmada ante los medios de comunicación por el gobernador y por el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles y después de la presentación pública realizada en Palacio de Gobierno, correspondió a Jáuregui acudir al Poder Legislativo y entregar el documento a la presidenta del Congreso del Estado, Karina Velázquez.

En la presentación, el gobernador rechazó creer en el “borrón y cuenta nueva” ya que eso no hace sino perpetuar la impunidad y reiteró su disposición para un ajuste de cuentas con el pasado.

“Yo no creo en la tesis del borrón y cuenta nueva, me parece que eso lo único que hace es generar impunidad. Yo siempre he creído que debe haber un ajuste de cuentas con el pasado para que la reconciliación del país sea verdadera”, señaló.

Entre el amplio conjunto de reformas, el mandatario estatal destacó la inclusión de los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito que no consideraba la Ley de Extinción de Dominio de carácter estatal.

Dijo que en estas iniciativas se recoge la experiencia de combate a la corrupción que se tiene en Chihuahua en este año y medio de Gobierno, porque se trata de quitar lagunas y conceptos ambiguos, que favorecen la impunidad para quienes infringen la ley.

Agregó que muchos organismos no tenían un órgano interno de control, mismo que se creará si se aprueban las reformas enviadas al Congreso Estatal.

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos consideró que la iniciativa dejará atrás un sistema diseñado para que no pasara nada en el combate a la corrupción, y que ahora se corrige para que verdaderamente se puedan fincar responsabilidades en esa materia.

La iniciativa contempla reformar 11 leyes y expedir 3 nuevas, relacionadas con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Las reformas son planteadas a las siguientes leyes: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Agua, de Vivienda, del Colegio de Educación Profesional Técnica, de Mejora Regulatoria, de Entidades Paraestatales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ley Electoral, de Acceso a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Extinción de Dominio y Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

También propone reformar el Artículo 178, el Sexto y Séptimo transitorios de la Constitución Política del Estado, así como la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Procedimiento Administrativo.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado, promueve la regulación del procedimiento de selección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; adecuaciones a las atribuciones de las secretarías general, de Hacienda y de la Función Pública; la integración de órganos de control interno en cada dependencia y entidad de la Administración Pública, entre otros aspectos.

El gobernador explicó que se trata de un esfuerzo muy importante de coordinación de Secretaría General con distintas secretarias, dependencias y entidades para presentar formalmente la reforma.

Reconoció la labor que desarrollaron el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles; la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, y el coordinador de asesores y Proyectos Especiales, Roberto Fuentes Rascón, para integrar esta iniciativa.

El gobernador explicó que con la reforma se establecen consecuencias del derecho penal, cuando se absuelva al imputado, ya que el Estado deberá indemnizar al acusado con el pago de la reparación del daño.

Pero también –indicó– cuando se compruebe el delito, el acusado deberá probar la licitud de los bienes.

Dijo que otra de las modificaciones es que cuando el afectado se allane a la sanción, se dictará una sentencia anticipada.

Además –señaló el titular del Ejecutivo– se regula lo necesario para garantizar la participación de la víctima, ofendido, o tercero de buena fe.

Destacó que para combatir la corrupción, no solamente se requiere de buenas leyes, sino de voluntad política para combatirla y profesionalización de los órganos encargados de ese combate.

Consideró que Chihuahua ha demostrado a la nación que incluso sin la armonización de las leyes, el personal de la Fiscalía pudo llevar sus investigaciones hasta sus últimas consecuencias, en contra de quienes saquearon a la entidad.

Informó que también se le dan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, en virtud de contar con la infraestructura necesaria.

Detalló que se están proponiendo ajustes para hacer más efectivos los procedimientos de aseguramiento y de embargo de los bienes que son fruto de lo prohibido.

Agregó que con el actual marco legal se logró el aseguramiento de casi 20 inmuebles del ex gobernador César Duarte.
Consideró que un aspecto fundamental para reformar en México es lo relacionado con la autonomía, independencia y completa ciudadanización del Consejo de la Judicatura Federal, tema pendiente dentro de un sistema nacional para el combate a la corrupción.

Reflexionó sobre la contradicción que implica plantear una fiscalía autónoma anticorrupción y que la nombre el propio gobernador, por lo cual en Chihuahua el nombramiento saldrá de un panel ciudadano de expertos, del cual emanará una propuesta que el Congreso Estatal ratificará o rechazará.

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dijo que no solamente se busca la homologación, sino demostrar la voluntad de actuar, para lo cual se precisa de un cuerpo profesional.

Señaló que estas iniciativas serán analizadas por el Congreso del Estado y el Ejecutivo estará a la disposición de atender la convocatoria de los legisladores, si así lo requieren.

A su vez, la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos indicó que el número de “salidas”, de “lagunas” y de “huecos” del viejo sistema hacen muy difícil fincar una responsabilidad a los funcionarios y muy fácil para los servidores públicos defenderse.

Sin embargo –explicó–a pesar de todas las debilidades normativas, los agentes del Ministerio Público lograron fincar responsabilidades a servidores públicos.

Expresó que ahí radica la importancia de este conjunto de iniciativas, que corrigen dificultades, porque se busca que no solamente se persiga la corrupción política, sino consolidar instituciones fuertes, con las herramientas para trabajar y con la independencia necesaria.

Añadió que la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado va encaminada a aspectos de profesionalización del servicio público, porque también se pretende construir un Gobierno más eficiente y que dé mejores resultados.

En su participación, el coordinador de asesores, Roberto Fuentes Rascón, explicó que en cuanto a la Ley de Entidades Paraestatales se modifican las legislaciones de órganos autónomos, únicamente y exclusivamente en el ámbito de crear un órgano de control, no así en cuanto a estructuras y procedimientos de los mismos.