Con el propósito específico de lograr mejores estándares normativos, de seguridad, de competencia, de eficiencia, de permanencia, de transparencia, de optimización de costos regulatorios y calidad en los servicios que recibe el consumidor, el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, presentó ante el pleno del Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones en el sector de los petrolíferos.
La Iniciativa presentada por el senador morenista, propone una simplificación regulatoria de trámites en materia de petrolíferos a través de una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos; a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
La propuesta tiene su fundamento en el principio de simplificación regulatoria, el cual está establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, y que hace referencia a la implementación de políticas públicas que mejoren y simplifiquen regulaciones, trámites, y servicios, y que compromete al Estado no sólo a alentar y proteger la actividad económica que realizan los particulares, sino también a proveer de las condiciones necesarias para que el desempeño del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable.
Explicó Pérez Cuéllar, que la Iniciativa busca flexibilizar requisitos y agilizar el otorgamiento de permisos y cesiones de derechos; incorporar un esquema de avisos administrativos; ampliar la figura de la afirmativa ficta para diferentes tipos de trámites en materia energética; y reducir plazos para todo tipo de trámites;
De la misma manera, pretende acotar márgenes de discrecionalidad en el otorgamiento de permisos; dejar sin efectos las Disposiciones Administrativas de Carácter General, como el Sistema de Registro Estadístico de las Transacciones Comerciales de Gas Licuado de Petróleo (SIRETRAC GLP); modificar el esquema de informes calendarizados a la autoridad que resultan innecesarios; ampliar los medios de defensa de los particulares en el ámbito administrativo, y armonizar las sanciones que actualmente no son consistentes con la naturaleza de la conducta sancionable, toda vez que su diseño fue concebido sin considerar adecuadamente las características y dimensiones reales de cada actividad regulada.
Detalló el legislador chihuahuense, que de aprobarse la reforma, los avances esperados para el sector de los petrolíferos van en beneficio del consumidor final reduciendo los costos regulatorios excesivos que afectan el precio de venta al público, propiciando una mayor competencia, fomentando y facilitando la libre concurrencia al mercado, más seguridad al evitar desviar recursos humanos y materiales hacia el cumplimiento de regulaciones innecesarias, costosas e ineficientes, mejorando la calidad en los servicios que reciben los consumidores con costos regulatorios más competitivos.
Además, propicia una mayor competencia en el mercado de los petrolíferos, al flexibilizar los requisitos y plazos para el otorgamiento de permisos y de cesiones de derechos, los cuales constituyen barreras de entrada a nuevos agentes económicos al mercado, y obstaculizan la libre competencia; Fortalece a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) al disminuir la carga regulatoria a la que está sujeta por ser Permisionario de Transporte, Almacenamiento y Comercialización de petrolíferos, ya que la Iniciativa propone flexibilizar todo tipo de trámites, modificar el esquema de informes que actualmente resultan innecesarios, además de incorporar figuras como la afirmativa ficta y los avisos que reportan mucho mayor eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.
Concluyó, que con ello que se genera además, ahorros presupuestarios, al destinar menor cantidad de recursos humanos y materiales en la supervisión de excesos regulatorios ineficientes, y se canalizan mayores recursos al fortalecimiento de la seguridad industrial de las instalaciones de los Permisionarios, dado que hoy en el sector de los petrolíferos se distraen esos recursos para canalizarlos al cumplimiento de la excesiva y costosa regulación administrativa que no aporta beneficios al consumidor final ni a las actividades que regula.
