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Política

Presentan demanda contra Trump en NY por presunta violación a Constitución

Un grupo de connotados constitucionalistas y expertos en ética gubernamental ingresaron hoy en una corte federal de Nueva York una demanda que argumenta que el presidente Donald Trump viola la Constitución de Estados Unidos.

La demanda, ingresada en la corte del distrito sur de Nueva York, indica que Trump viola la disposición constitucional que establece que los presidentes no pueden recibir emolumentos o pagos de gobiernos extranjeros.

El documento argumenta que mediante sus varios negocios, como sus hoteles, campos de golf y edificios en renta, Trump recibe compensaciones de gobiernos extranjeros que adquieren el derecho de usar estas instalaciones.

La cláusula constitucional prohíbe a los presidentes recibir cualquier objeto de valor de gobiernos extranjeros, incluyendo de empresas controladas por gobiernos extranjeros, sin la aprobación del Congreso.

Los demandantes pertenecen a la entidad Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), compuesto por el académico de la Universidad de Harvard, Laurence Tribe, y por los asesores de ética de los presidentes Barack Obama y George W. Bush, entre otros.

Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW, declaró en un comunicado de prensa que CREW esperaba que Trump tomara las medidas adecuadas para evitar la violación de la Constitución, pero que no lo hizo.

“Sus violaciones constitucionales son inmediatas y graves, por lo que nos vimos obligados a emprender acciones legales”, aseguró Bookbinder.

El pasado 11 de enero, Trump anunció que cedería el control de sus negocios, con intereses en más de 500 compañías y activos de tres mil 600 millones de dólares, a sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., quienes evitarían informarle sobre la administración de la organización.

De acuerdo con Trump la medida va más allá de lo que la ley le exige, pues de acuerdo con sus interpretaciones el presidente no está sujeto a las regulaciones sobre conflictos de interés.

 

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Política

Sancionarán a empresas o dueños del vehículo que transporte más de los permitido

Sancionarán a empresas o dueños del vehículo que transporte más de los permitido

03 de noviembre de 2026. -La sanción aplicará también si la carga supera las dimensiones y capacidad.

El Congreso del Estado, reformó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en materia de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte; esto luego del dictamen presentados por la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, a iniciativa de las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Joceline Vega Vargas, presidente de la Comisión dictaminadora, expuso que la regulación en comento deberá aplicarse únicamente respecto de aquellos servicios, vehículos, vías y operaciones que se encuentren comprendidos dentro de la competencia normativa del Estado de Chihuahua, sin invadir el régimen jurídico aplicable al autotransporte federal.

“Con esta reforma se evita que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre el transportista cuando el sobrepeso se genera antes de que éste inicie el traslado; ahora se incorpora a: quienes contraten el servicio; propietarios de las instalaciones donde se carga; titulares de esas instalaciones; responsables de esas instalaciones y, además se establece que todos ellos sean “responsables directas y sujetas a sanción” cuando en esas instalaciones se incorpore exceso de peso.

La reforma al artículo 63 de dicha Ley, quedó de la siguiente manera:

Artículo 63. Las personas físicas o morales propietarias y/o titulares de las instalaciones en las cuales se realice la carga en exceso del producto y/o mercancías con fines de transporte por carretera, en vehículo sancionado por la Subsecretaria de Transporte; serán responsables directas y sancionadas por la acción de incorporar mayor peso del permitido según el vehículo de que se trate.

Se procederá a emitir las sanciones correspondientes cuando se detecte una unidad que exceda más de una tonelada, de la cantidad prevista en el Reglamento respectivo.

Lo anterior, con independencia de las sanciones que se haga acreedor el transportista por el traslado de exceso de peso.

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