El Diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena presentó formalmente la iniciativa para reformar la Constitución y permitir la modificación de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y designar un nuevo tiempo de mandato por tres años en lugar de nueve como se lleva a cabo en la actualidad.
Se plantea llevar a cabo el cambio a partir del año 2020 por lo que removerán al actual presidente del órgano institucional, Lorenzo Córdova Vianello.
La iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por el Legislador Gutiérrez Luna pretende modificar el artículo 41 constitucional para “Evitar que la conducción de dicho órgano sea coto exclusivo de una persona durante nueve años y que sea sólo una visión la que encamine los trabajos de tan importante institución”, indica la propuesta.
La propuesta fue registrada luego de Córdova Vianello condenó la consulta de Morena en Baja California para avalar la llamada “ley Bonilla”. Morena buscaba impugnar el periodo de cinco años del Gobernador Jaime Bonilla, en lugar de dos para el que fue electo.
El pasado 14 de octubre, Lorenzo Córdova dio a conocer que el INE se encuentraba estudiando las rutas legales para interponer una acción de inconstitucionalidad, con el fin de impedir que Jaime Bonilla tomará funciones como Gobernador de Baja California por cinco años.
El funcionario calificó como “vergonzoso y penoso” el que un personaje político se atreva a violar la ley electoral. “Todos los que somos demócratas estamos obligados a que si se comete este atropello presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y salvar la democracia y el orden constitucional”, indicó el presidente del instituto.
El INE no contaba con la facultad de presentar una controversia por lo que se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual fue rechazada el 6 de noviembre.
Sin oportunidad del INE para confrontar la modificación realizada por le Gobernador de Baja California, aún existen seis acciones de inconstitucionalidad más que fueron admitidas a trámite las cuales fueron promovidas por partidos políticos nacionales y locales, más una controversia, interpuesta por el Gobierno saliente de Baja California.
Fuente: SinEmbargo
