El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.

La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.

Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.