El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, advirtió que la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión podría provocar la liberación de al menos 500 personas actualmente encarceladas por ese delito.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el legislador señaló que en una revisión preliminar se detectó que cinco entidades —Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo— establecen penas más severas que las contempladas en la nueva legislación, que fija una penalidad máxima de 16 años de prisión.

“En Chihuahua hay alrededor de 150 personas que podrían salir en libertad con esta nueva ley. Si extendemos la proyección a los otros estados, serían unos 500 delincuentes de alto impacto los que quedarían libres”, afirmó Domínguez, quien criticó la falta de análisis profundo del dictamen.

También señaló que el artículo 30 de la nueva ley, relativo a la protección de víctimas, “es un copiar y pegar” de disposiciones ya existentes en la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, por lo que no aporta avances significativos.

Por su parte, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, defendió la iniciativa al destacar que unifica criterios a nivel nacional. “Hasta hoy, cada estado tenía su propia definición y castigo, lo que generaba vacíos e impunidad. Ahora habrá una sola definición, un tipo penal único y una persecución coordinada entre los tres niveles de gobierno”, explicó.

Moreno Rivera subrayó que la nueva legislación pone en el centro a las víctimas y establece que la extorsión se perseguirá de oficio. Además, permitirá realizar denuncias anónimas a través del número 089, con el fin de proteger la identidad y seguridad de los afectados.

En tanto, la diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, anunció que su bancada presentará una reserva para incluir sanciones en casos de tentativa de extorsión. “Quien pretenda extorsionar, aunque no lo logre, debe ser castigado”, planteó.

Bernal Martínez también propuso incorporar un agravante y una nueva modalidad en el artículo 30, enfocada en la extorsión digital, delito que —reconoció— ha aumentado significativamente en los últimos meses y afecta a miles de ciudadanos en el país.