El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Chihuahua anunció su intención de impugnar ante los tribunales las nuevas reglas electorales aprobadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para el proceso electoral de 2027. Las disposiciones que serán cuestionadas incluyen la obligación de postular candidaturas encabezadas por mujeres en cinco municipios y las normas sobre representación indígena en el Distrito Electoral 22.

Óscar Núñez, secretario Jurídico del PRI Estatal, y Fernando Mendoza Ruiz, representante del partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), informaron sobre esta decisión tras una sesión extraordinaria del IEE. En dicha reunión, se aprobaron lineamientos que, según los priistas, limitan la facultad de los partidos para definir sus candidaturas de acuerdo a sus procedimientos internos.

Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que las presidencias municipales de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava sean ocupadas únicamente por mujeres. Los representantes del PRI argumentaron que esta medida podría interferir en la autonomía de los partidos y restringir la participación de candidatos masculinos en esos municipios.

Núñez López subrayó que, aunque el PRI apoya la participación política de las mujeres y el principio de paridad de género, las medidas del IEE deben estar alineadas con el marco jurídico y respetar los derechos político-electorales de todos los ciudadanos.

Además, Mendoza Ruiz mencionó que otro aspecto a revisar es la disposición que exige la postulación de una fórmula indígena en el Distrito Electoral 22. Alex Domínguez, presidente estatal del PRI y diputado federal, cuestionó la concentración de esta obligación en un solo distrito, argumentando que la legislación electoral de Chihuahua ya contempla la representación indígena en las candidaturas de los partidos.

El PRI planea llevar este asunto ante los órganos jurisdiccionales pertinentes para evaluar si las disposiciones aprobadas por el IEE cumplen con los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad y certeza electoral. Domínguez aseguró que se utilizarán todos los mecanismos legales disponibles para solicitar la revisión de estas normas, con el objetivo de que los tribunales determinen su constitucionalidad y legalidad. Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre las acciones jurídicas que se llevarán a cabo.