El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció su intención de impugnar los lineamientos de paridad y acciones afirmativas aprobados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para el proceso electoral 2026-2027. La impugnación se basa en la consideración de que el IEE ha excedido sus facultades al establecer la obligación de que los partidos postulen a mujeres en ciertos municipios.

Fernando Mendoza, representante del PRI ante el IEE, manifestó que, aunque su partido apoya la paridad de género y las acciones afirmativas, cuestiona la autoridad del organismo electoral para determinar en qué municipios deben registrarse candidaturas femeninas. Mendoza explicó que la legislación electoral ya incluye mecanismos para asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres, señalando que de los 67 municipios de Chihuahua, 34 deben postular mujeres y 33 hombres.

El representante priista argumentó que corresponde a los partidos políticos decidir sobre sus candidaturas, siempre respetando los bloques de competitividad electoral y los principios de paridad establecidos en la ley. Mendoza enfatizó que el IEE debe limitarse a sus atribuciones como organizador y árbitro de la contienda electoral, sin interferir en las decisiones internas de los partidos.

Como antecedente, mencionó resoluciones electorales en Jalisco y Guanajuato, donde se cuestionó la obligatoriedad de reservar ciertos municipios para candidaturas femeninas. Durante la sesión en la que se aprobaron los lineamientos, Mendoza aseguró que hubo inconformidad entre todas las fuerzas políticas, lo que anticipa la posibilidad de múltiples impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

Además, advirtió que si no se obtiene una resolución favorable, el PRI podría recurrir a instancias superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, reiteró el compromiso del partido con la participación política de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas de la diversidad sexual, pero subrayó que las medidas deben ajustarse a las facultades legales del organismo electoral.