Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto dejan pasar el caso de César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ha hecho con los de Humberto Moreira Valdés, ex mandatario de Coahuila, y con Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, a quien se presume dieron “tiempo de escapar”, están hundidos: en 2018, el costo político será caer hasta la tercera fuerza política, dijeron analistas entrevistados a SinEmbargo.

La semana pasada y ésta, Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de Chihuahua, ha informado diversos aspectos sobre del desfalco de Duarte Jáquez en la entidad. Por ejemplo, que dejó en caja sólo 21 millones de pesos para operación y que, antes de irse, se desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado a última hora. El ex mandatario priista no dejó ni para la gasolina.

“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto [PIB] estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo Fuentes Vélez al comparar la situación de Chihuahua con la que dejó Javier Duarte en Veracruz.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que si el PRI y el Gobierno federal no hacen nada en el caso de César Duarte e incluso, de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, las expectativas electorales del tricolor se verán reducidas en 2018.

“Cargará [el PRI] con el costo político: se le reducen las expectativas electorales, porque a la gente le queda claro que es puro teatro eso de perseguir la corrupción. En la medida que sigan saliendo cosas de Chihuahua, de Quintana Roo, y no se haga nada al respecto, quedará más claro que es una mera simulación”, dijo el politólogo.
Desde septiembre de 2014 sobre César Duarte pesa una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.

La denuncia fue interpuesta por abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.

Sin embargo, dos años después el ex Gobernador está libre para salir del país y desaparecer del mapa de la justicia mexicana cuando quiera, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa.

“Le van a facilitar todo para que se vaya igual que Javier Duarte; son complicidades a todos los niveles y nosotros como ciudadanía nada más nos quedamos mirando, mientras que la población perjudicada sufrirá miseria, desabasto de medicamentos, falta de servicios, inseguridad. En los casos de Javier Duarte, César Duarte y Borge vieron que la impunidad era tal, y la protección política, que se robaron todo lo que quisieron”, dijo Crespo Mendoza.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La académica agregó que si el PRI y el Gobierno federal no persiguen a los ex Gobernadores que tienen acusaciones de corrupción y malos manejos, el partido en el poder sufrirá las consecuencias.

“El PRI está completamente golpeado: está en tercer lugar en intención del voto y hay un 44 por ciento de rechazo en las encuestas: hay gente que dice que nunca votarían por el PRI sea el candidato que sea. El rechazo está creciendo y en los dos años que quedan de Gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir creciendo si no hay resultados. Lo que estamos esperando de manera importante es que se castigue a los corruptos”, detalló Acuña Murillo.

Fuente: Sin Embargo