El gobernador saliente y entrante están es ascuas. Ambos esperan los veredictos de cuerpos legales respecto a los procesos que llevan a cabo el uno contra el otro, aunque muy diferentes en circunstancias y alcances.

El primero es el que impulsa despistadamente el gobernador Duarte a través de los pocos priístas que aún lo apoyan, para intentar retrasar la toma del poder por parte de Corral y su equipo. En últimas fechas aumentan las apuestas a favor de uno u otro resultado, mientras los opinólogos se agarran de las greñas especulando posibles escenarios.

Aun cuando todo apunta a que la impugnación ya cumplió su propósito de retrasar la entrega-recepción, mantener el suspenso y darle un poco de aire al duartismo que lanza sus últimos coletazos, hay quienes creen que Guillermo Dowell y sus 650 abogados podrían estar dispuestos a darle el tiro de gracia a su capital político y hacer el ridículo hasta sus últimas consecuencias.

En un escenario, el Tribunal Estatal Electoral puede dar luz verde a la impugnación con el voto de tres de los cinco magistrados y así llevar el ridículo hasta el extremo y quedarse con la satisfacción de haber entorpecido hasta el límite un proceso democrático ejemplar y pocas veces visto ya no en Chihuahua, sino en México, con un nivel histórico de participación.

Otro extremo es desechar la impugnación de forma unánime. Este escenario es muy poco probable ya que al menos tres de los magistrados tienen lealtad jurada y testificada al gobernador César Duarte. La duda aquí es si estos magistrados estarán dispuestos a empeñar prácticamente de por vida su carrera a cambio de lo que el todavía mandatario pueda ofrecerles, pues nada es de a gratis.

Finalmente hay una tercera opción, más viable, que indicaría que sí hubo irregularidades notables en la elección, pero no lo suficientes para anularla. Así harían un esfuerzo por no dejar al PRI de Dowell tan mal parado, pero tampoco se echarían ese muertito que pinta para histórico.

Si algo se recordará de las autoridades electorales de este periodo será el resultado de la impugnación que, a fin de cuentas, no amenaza de ninguna manera la voluntad popular, sólo puede entorpecerla y retrasarla hasta extremos vergonzosos, pero la decisión de cinco personajes no puede imponerse a la de más de un millón 200 mil chihuahuenses.

En el caso del PRI de Dowell (que no es el mismo que de los militantes), parece estar dispuesto a impugnar un eventual rechazo de su impugnación para seguir con su misión de estorbarle lo más posible a Chihuahua y a la democracia, pues cualquiera con tres dedos de frente puede notar que los argumentos del recurso son falaces y delirantes. Los chihuahuenses dijeron claramente “no más PRI”.

Ahora vamos del otro lado. Poco a poco se va estrechando el cerco en torno al gobernador César Duarte, y un elemento de vital importancia en su contra es la demanda presentada por el abogado y luchador social Jaime García Chávez, pero también la petición del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien solicitó a la Cámara de Senadores que pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver “de manera prioritaria” las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR en contra de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

Parece que el PRI está buscando sacrificar a unos cachorros para salvar a la camada. Como ya lo hemos dicho, el presidente Enrique Peña Nieto, su grupo y buena parte del tricolor están tratando de hacer como que hacen y enviar señales de que se lucha contra la corrupción. Los gobernadores señalados serían castigados no por corruptos, sino por perdedores, pues sus excesos e ineptitud provocaron en buena medida la debacle priista en sus estados, y ese es el único pecado que el PRI no perdona.

Pero también hay 16 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación contra el gobierno de Chihuahua, las cuales han sido presentadas por liderazgos priístas para acelerar el castigo a los gobernadores incómodos. El problema es que, según la respuesta de Palacio, al menos trece de estas denuncias corresponden a 2009, cuando aún era gobernador José Reyes Baeza, y suman irregularidades por un monto de 157 millones de pesos.

Así el pleito entre el baecismo y el duartismo se recrudece. Lo cierto es que los líderes de ambos grupos nunca se tragaron y dejaron que se notara desde que el ballezano se hizo con la candidatura, desbancando a los deliciences.

Pero el que parece que podría salir beneficiado del pleito es precisamente el grupo baecista. Actualmente son escasos sus espacios de poder y todo pinta para crecer, mientras que el duartismo, si bien aún tiene el gobierno en sus manos, le quedan pocos meses y luego no hallarán ni dónde esconder la cabeza.

Esto puede ser una de las razones del pacto de no agresión entre el baecismo y el corralismo. El equipo del gobernador entrante podría verse beneficiado por la división del PRI, pues una facción podría colaborar en la “limpieza” a emprender en las dependencias públicas y a garantizar un buen nivel de gobernabilidad, mientras que el baecismo podría usar esta sana relación con el gobernador panista para asumir las delegaciones federales con la carta de la buena interlocución. A ese nivel ha logrado Duarte unir, en su contra, a los grupos más dispares de Chihuahua.

Mientras el gobernador entrante ya está asumiendo la agenda por completo. No le debe ninguna cortesía política al saliente, y por eso ya se puso a trabajar recibiendo propuestas de la ciudadanía, como parte de la estrategia anunciada de adelgazar al gobierno y reforzar a la sociedad civil, una estrategia muy prometedora, pues la ciudadanía tiene ideas, proyectos y ganas de participar.

Recordemos que desde siempre, pero en especial en los últimos años, el gobierno en los tres niveles se ha llenado de amigos, parientes, amantes, compadres, y los actores con verdadera capacidad y compromiso han sido relegados hacia lo más oscuro del abandono. Corral busca aprovechar el capital humano, social y político de estos liderazgos naturales, agruparlos en torno a su gobierno y traducirlos en resultados, lo más importante para un hombre como Corral.

Como parte de esta estrategia, el gobernador electo recibirá el jueves a los interesados en presentar propuestas y proyectos durante una audiencia pública. Ahí podrán acudir todos aquellos que hayan solicitado previamente cita. La encargada es Austria Galindo, quien aclaró que cada quien tendrá de 10 a 15 minutos de audiencia como máximo, para alcanzar a atender a todos, pues la fila será larga, muy larga.