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Opinión

PRIMOR: Misión cumplida, oposición vencida. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

La misión era clara desde un principio: hacer política en todos los rincones del país, negociarlo todo, poner orden, demostrar fuerza y posicionar la ideología de la llamada cuarta transformación, incluso en los estados de la república donde gobernara la oposición más crítica.

En ese agosto del 2021, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tomó la responsabilidad de llevar el mensaje de su jefe y paisano, Andrés Manuel López Obrador, como una especie de cruzada evangelizadora, a fin de que la popularidad del Ejecutivo no solo no descendiera, sino que se elevara por encima de todos sus antecesores.

López Hernández es un estratega político de toda la confianza en su partido, Morena. Fungió como el flamante negociador, coordinador y estratega en la campaña electoral de la actual gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en 2018.

Fue enviado por el mismo López Obrador, pues desde el 2006 ha ayudado a coordinar electoralmente diversos estados del país. La Ciudad de México tenía que ser arrasada en votos, cosa que logró la exitosa campaña de Sheinbaum.

La lealtad y fidelidad que tiene Adán Augusto por su amigo el presidente lo ha catapultado a la escena política nacional…

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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