México

Proceso contra Ernesto Ruffo Appel continuará en prisión domiciliaria

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que el proceso penal en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por delitos de delincuencia organizada y crímenes en materia de hidrocarburos, continuará a pesar de su reciente traslado a prisión domiciliaria. Esta decisión se tomó por razones humanitarias, dado que se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta se cumplirá en su hogar.

Ruffo Appel fue trasladado el día de ayer desde el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” hacia su domicilio en Ensenada, Baja California. Se estima que el viaje por tierra durará aproximadamente 32 horas, aunque su familia aún desconoce su situación y ubicación actual. Fuentes federales han indicado que el convoy que lo transporta está cruzando el estado de Sinaloa y se espera que llegue a su destino entre la noche de hoy y la madrugada del lunes.

La FGR ha enfatizado que, aunque la autoridad judicial ha concedido el cambio de lugar para el cumplimiento de la medida cautelar, esto no implica que el proceso penal se detenga o sufra modificaciones. La defensa de Ruffo Appel argumentó que su cliente es un adulto mayor con problemas de salud, lo que motivó la decisión de la autoridad judicial.

La FGR recordó que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los delitos que se le imputan a Ruffo Appel conllevan la imposición de prisión preventiva de oficio, lo que significa que su aplicación no depende del criterio del Ministerio Público Federal (MPF).

Además, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha llevado a cabo investigaciones que han permitido identificar una red de contrabando de combustible, la cual operaba utilizando ferrotanques y estaba vinculada a una empresa que realiza servicios portuarios, dragados y operación de puertos, en la que Ruffo Appel es uno de los principales socios. Este caso pone de manifiesto la complejidad de las operaciones delictivas en el sector de hidrocarburos en México.

México

Exigen justicia por muerte de madre tras cirugía estética

Nadia Guadalupe Valencia ha estado luchando durante casi cuatro años para obtener justicia por la muerte de su madre, Sandra Candelaria Flores, quien falleció tras someterse a una abdominoplastia en la que, según la denuncia de su hija, le perforaron el intestino. La joven acusa a los médicos responsables de presunta negligencia médica y señala que, a pesar de las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la carpeta de investigación iniciada en Benito Juárez aún no ha sido judicializada.

El caso ha cobrado relevancia tras la denuncia de Nicolás Mendoza, quien también reportó lesiones tras un procedimiento estético en la clínica Providence, donde Nadia atribuye la atención médica recibida por su madre. Según el testimonio de Nadia, Sandra fue intervenida quirúrgicamente por dos personas identificadas como Lluvia y Odette.

Después de la operación, la paciente comenzó a experimentar intensos dolores abdominales. Sin embargo, Nadia afirma que al comunicarse con una de las señaladas para informar sobre el deterioro de la salud de su madre, esta minimizó los síntomas, argumentando que eran efectos de la anestesia y la edad, y posteriormente dejó de responder a las llamadas de Nadia.

La víctima permaneció cuatro días en su hogar bajo esas indicaciones hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un cuadro avanzado de sepsis abdominal derivado de complicaciones de la cirugía. Sandra estuvo internada durante un mes luchando por su vida, pero falleció el 28 de diciembre de 2022.

Nadia formalizó la denuncia en 2022, inicialmente por la presunta usurpación de profesión y posteriormente por homicidio. Sin embargo, ha denunciado que el expediente ha estado estancado debido a constantes cambios de agentes del Ministerio Público y a explicaciones institucionales relacionadas con remodelaciones en las oficinas de la Fiscalía en la alcaldía Benito Juárez.