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Opinión

Proliferan los antros por Luis Ochoa Minjares

Gran alboroto del grillerío y la gallera política con motivo de la publicación de la Convocatoria del Tricolor para su vigésima primera asamblea nacional a celebrarse los primeros días del mes de marzo… Medio mundo de los polacos militantes firmes mueven sus influencias y exhiben sus méritos partidistas en busca de una oportunidad para asistir a tan significativo acto preelectoral…Mucho por el viejo, experimentado y fiel militante tricolor ingeniero Santiago Nieto por su exitoso desempeño como alcalde suplente del municipio juarense. Sabe más el diablo por diablo que por viejo…Algunos estudiantes y maestros de la secundaria y preparatoria “Francisco Villa”, inquietos por los aprestos para abrir un antro de “gays” a escasos pasos de su escuela…Se trata de la taberna “Nebraska”, ubicada en el centro comercial de la esquina de Insurgentes y Emilia Calvillo donde funciona tres negocios, una panadería, un laboratorio fotográfico y un acreditado restaurante… De los aspirantes a candidatos panistas a la presidencia municipal de Juárez, parece llevar la delantera el joven político Raúl García Ruiz frente a sus adversarios ya pasados luis ochoa minjaresde tueste… Ni con azogue consiguen reunir aspirantes juarenses para nutrir las filas del nuevo partido político de don Manuel López Obrador… Otro dolor de cabeza que no merece el alcalde juarense ingeniero Héctor Murguía: el destape de la cloaca del Fideicomiso de Obra Participativa (FIDOP)… Nomás seis pasos a desnivel se mandó hacer en su terruño, San Pablo Meoqui, el delegado panista de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que por desgracia todavía no ha sido mandado “a jondear gatos por la cola”. LOM.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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