La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, propuso reformas para poner un freno a la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para reasignar presupuesto a estados y municipios, en conjunto con legisladores que hacen labores de «gestión», operaciones que se prestaron al cobre de «moches» a las autoridades locales.

El diputado Juan Romero calificó como «absurdo» el «rogar» de munícipes y gobernadores en las oficinas de Hacienda y de San Lázaro, buscando obtener recursos para obras en sus lugares de origen, en algunas ocasiones a cambio del cobro de un «diezmo» o un «moche».

Para ello, indico, es necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de crear un padrón y un registro previo de proyectos de infraestructura a nivel municipal y estatal, que permita llevar un control de las obras propuestas, identificar las que son prioritarias para la población y en función de ello, asignar recursos en el paquete económico.

«Que se genere un registro previo de proyectos que presenten municipios, gobiernos estatales o entidades autónomas de las entidades federales. Esto permitirá transparencia, se registran todas las obras, se ve su prioridad, se ve su presupuesto y se autoriza el mismo dentro del decreto de egresos de la Federación. Acabamos con los moches, hacemos transparentes las obras y establecemos un cronograma de ejecución», apuntó.

Consideró que con esas medidas, habrá transparencia en la construcción de infraestructura y en el uso de recursos públicos, lo que cerrará la puerta a las gestiones de diputados a cambio de un porcentaje del monto asignado, que en años anteriores dio lugar al escándalo de los «moches».

«Era absurdo ver como presidentes municipales por la ciudadanía, tenían que estar suplicando a diputados y senadores que abogaran por sus proyectos de infraestructura municipal. En ese sentido presentamos una propuesta que lleve a erradicar esta práctica que a su vez, permitía los famosos moches. Porque en función de que un legislador apoyaba un proyecto municipal o estatal, tenía posibilidad de negociar un premio por ese cabildeo», remarcó.