Alfredo Limas Hernández, de la Red Ciudadana de No violencia y Dignidad Humana, no está de acuerdo en que a las mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, se les llame “las muertas de Juárez”.

Según el activista, dicho término le resta identidad a cada una de las víctimas y las excluye de su condición de agraviadas.

“Esa manera de nombrar el fenómeno es inadecuada, porque son víctimas de feminicidio. Las asesinaron, no murieron por proceso natural. Esta forma de llamarlas ‘muertas de Juárez’ invisibiliza la circunstancia de victimización”, dice.

Limas Hernández añade en entrevista que “esta denominación ocurre en un sistema sexista donde la violencia hacia ellas se asocia a las causas, circunstancias, consecuencias de la inequidad y de políticas judiciales que no han garantizado la vigencia plena de derechos humanos de las mujeres”.

Asegura que a las estructuras de gobierno les conviene la denominación, pues de esa manera se eximen de su responsabilidad en los crímenes y dan a entender que esas mujeres simplemente murieron, no que fueron privadas de la vida por homicidio.

“Se diluye, se invisibiliza y se minimiza la tragedia cuando hablamos de ‘las muertas de Juárez’, porque se oculta cuántas son, qué pasó, qué sucedió con el esclarecimiento de los casos. En algún momento se les denominó así por política oficial, y al hacerlo se les quita responsabilidad. Quienes ahora dicen eso es por ignorancia o desinformación”, subraya.

En un intento por minimizar las desapariciones, el gobierno de Chihuahua denomina a las víctimas como ausentes o extraviadas, y ese “es un eufemismo con el propósito de diluir una responsabilidad pública y su implicación en cuestión de derechos y judicial”, dice.

El representante de la Red Ciudadana explica que el año pasado el gobierno estatal reportó 300 ausentes y presumió que había resuelto más de 90% de esos casos, cuando en realidad la mayoría de los eventos documentados eran eventualidades en las que las mujeres habían decidido irse voluntariamente de su casa y regresaron.
Víctimas mujeres y pobres

El activista señala la necesidad de denunciar la creciente violencia contra mujeres en Ciudad Juárez, porque el gobierno del estado, sostiene, ha evidenciado una marcada discriminación hacia las víctimas por dos factores que las caracterizan: son niñas y son pobres.

Así lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2009, cuando emitió la sentencia sobre el llamado “Campo Algodonero”, relacionado con el asesinato de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda. El expediente hace referencia al cementerio clandestino localizado en 2001 en ese punto geográfico, dentro del municipio de Juárez.

“La Corte Interamericana señala que además de toda la violencia que sufrieron estas niñas, era indispensable reconocer que había una matriz de discriminación por razones de clase y género. Eran mujeres pobres, por eso las autoridades de Chihuahua y el Estado mexicano no actuaron con la debida diligencia”, afirma Limas.

Y esa tendencia continúa hasta ahora, ya que no sólo hay deficiencias para investigar a las asesinadas, también hay desatención en el caso de las desaparecidas, como se demuestra en las múltiples fallas detectadas en los procesos, y ello –asegura– violenta las garantías de las víctimas.

Asimismo, recuerda el hallazgo (en 2011) del cementerio clandestino localizado en Arroyo Navajo, en el Valle de Juárez. En la zona se encontraron los restos de más de 20 mujeres jóvenes.

La recuperación de restos corresponde a una fracción de las más de mil personas de sexo femenino reportadas como desaparecidas en los últimos cinco años en esa región al norte de México.

Sólo en Ciudad Juárez, la Red Ciudadana de No violencia y Dignidad Humana tiene conocimiento del hallazgo de restos de 80 mujeres no identificadas.

“Por lo pronto, es necesario indagar si estas mujeres corresponden a las que buscan los familiares. Y si no son, hay que ver de quiénes son (esos restos). Esto se da en un régimen de desapariciones que existe en todo el país”, dice el activista.

La frecuencia de esos delitos es grave y requiere una atención inmediata porque hay indicios que señalan que los secuestros y violencia feminicida están asociados con cadenas de trata de blancas, a través de bandas criminales internacionales, subraya.

En las inhumaciones del Arroyo Navajo está documentado que una de las niñas fue enviada para su explotación a Estados Unidos, lo que hace suponer que fue devuelta a México y asesinada de este lado de la frontera.

“Paradójicamente, después de la sentencia de Campo Algodonero, la situación se agravó, pese a que el Estado mexicano y el gobierno de Chihuahua instituyeron fiscalías especializadas en delitos con perspectiva de género”, señala el también colaborador del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).

Actualmente se han hallado decenas de cadáveres en cementerios clandestinos ubicados en las zonas denominadas Lote Bravo, Lomas de Poleo, Loma Blanca, Campo Algodonero, Cementerio del Cristo Negro y recientemente en Arroyo del Navajo, pero no hay cifras precisas relacionadas con el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez.

Limas Hernández expone que activistas han hecho un conteo hemerográfico desde que el fenómeno fue detectado en enero de 1993, con el hallazgo del cadáver de la niña Alma Chavira Farel, y hasta ahora hay una cifra estimada que ronda las 600 víctimas.

Fuente: Proceso.