La diputada Leticia Ortega Máynez, representante del partido Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua con el objetivo de crear la Ley para la Garantía y Protección del Derecho Humano a la Protesta Social y la Movilización Pacífica. Esta propuesta busca establecer medidas que aseguren el ejercicio de este derecho fundamental y prevenir abusos por parte de las autoridades.

Ortega Máynez destacó que la manifestación pacífica es un derecho consagrado en la Constitución, el cual no debería estar sujeto a permisos o autorizaciones previas. “Ese derecho debe protegerse tanto cuando la protesta es popular como cuando incomoda a quienes ejercen el poder”, afirmó la legisladora durante la presentación de la iniciativa.

Entre las principales disposiciones de la propuesta se incluye la prohibición de amenazas, hostigamiento y represalias contra los manifestantes, así como la negativa de servicios o prestaciones públicas a quienes participen en protestas. Además, se establece que las afectaciones temporales a la circulación no son motivo suficiente para criminalizar una movilización.

En el ámbito de la seguridad, la iniciativa propone priorizar el diálogo y prohíbe el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones pacíficas. También se busca evitar detenciones colectivas sin responsabilidad individualizada, garantizando así el respeto a los derechos de los participantes. Ortega Máynez enfatizó la necesidad de proteger a periodistas y observadores civiles, y de limitar el uso de tecnologías de vigilancia que puedan ser utilizadas con fines intimidatorios.

La diputada subrayó la importancia de diferenciar entre las conductas individuales y las acciones del grupo de manifestantes, señalando que no se debe tratar a todas las personas presentes como responsables de actos aislados. “Lo que no debe ocurrir es que se trate a todas las personas presentes como responsables o que se use ese hecho para justificar represalias contra quienes se manifiestan pacíficamente”, expresó.

La iniciativa también contempla la creación de mecanismos de denuncia, supervisión y rendición de cuentas para abordar posibles abusos durante las movilizaciones. “El respeto a la protesta no debilita al Estado: fortalece la democracia”, concluyó Ortega Máynez, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el estado.