PSE Pegaso Servicios Institucionales S.A. de C.V., una empresa dedicada a la limpieza y que ha participado en el suministro de insumos médicos, se encuentra bajo la lupa por presuntas irregularidades en sus certificaciones laborales y en la adjudicación de contratos públicos. Los señalamientos incluyen anomalías en la acreditación de normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como inconformidades de empresarios del sector farmacéutico que consideran que los procedimientos de contratación no han sido equitativos.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, que tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Testimonios de empleados y exempleados sugieren que se habrían utilizado cuestionarios previamente contestados y que se solicitaron firmas sin explicar su propósito. Una trabajadora, que prefirió permanecer en el anonimato, relató que al buscar apoyo por situaciones de acoso y estrés laboral, le informaron que la evaluación ya indicaba un ambiente laboral sano.

En el ámbito de la contratación pública, empresarios del sector farmacéutico han presentado recursos para impugnar contratos adjudicados a PSE Pegaso, argumentando que no existieron condiciones equitativas de competencia. Entre los procedimientos cuestionados se encuentran las licitaciones LA-12-NEF-012NEF001-I-59-2025, AA-12-NEF-012NEF001-I-18-2025 y LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025, las cuales están relacionadas con adquisiciones en las que se pone en duda la participación de una empresa originalmente dedicada a la limpieza.

Otro aspecto que ha generado controversia es el perfil de Alexander Van der Toyos López Moctezuma, quien se desempeña como administrador único de la compañía. Anteriormente, ocupó el cargo de director de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sonora y su nombre aparece en la carpeta AP/PGR/SON/FISC/092/2016, que investiga un presunto desvío de más de nueve millones de pesos durante la administración estatal de Guillermo Padrés. Sin embargo, este antecedente no implica, por sí mismo, una determinación de responsabilidad.