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Puerto Rico entra en default por primera vez en su historia

El estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).

«Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del estado libre asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece», señaló en un comunicado Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Acosta Febo explicó que el pago no pudo hacerse debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.

El default es un momento histórico para la «espiral mortal», término utilizado por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla.

Restructuración

El gobernador Alejandro Padilla dijo que la crisis de la deuda es parte de la «espiral mortal» que enfrenta la economía de Puerto Rico.

Puerto Rico atraviesa serias dificultades debido a una recesión alimentada poruna astronómica deuda que asciende a unos US$70.000 millones, monto que el gobernador considera que debe «ser restructurado».

El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, agregó a todo este oscuro panorama económico boricua que la isla no tiene programadas reuniones de negociación con los acreedores de la CFP a los que no se les pagó este lunes.

«El planteamiento es que nosotros tenemos que terminar el trabajo del Plan de Ajuste Fiscal y Económico a Largo Plazo para continuar los trabajos de renegociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando en la realización de ese plan y esperamos tenerlo a fines de este mes», aseguró Suárez en rueda de prensa reseñada por el diario El Nuevo Día en San Juan.

«Los distintos acreedores se van a tratar de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno», afirmó el secretario.

Según Suárez, la negociación «dependerá de la disponibilidad de los distintos acreedores a trabajar, según se vaya trabajando el plan de ajuste fiscal».

La economía puertorriqueña tiene un desempleo supera el 12%, lo que supone más del doble del que se registra en Estados Unidos.

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PVEM solicita sanciones más severas por delitos ambientales

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha exigido el endurecimiento del marco punitivo contra los delitos ambientales, tras la reciente afectación de más de 330 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo. Esta situación fue revelada en un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que documentó desmontes, apertura de caminos y obras sin autorización durante inspecciones realizadas del 20 al 29 de octubre. Como resultado de estas acciones, se llevaron a cabo 25 clausuras temporales en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, así como sanciones en Cancún y en las cercanías de la Laguna de Bacalar.

El PVEM advirtió que la devastación de bosques y selvas no solo destruye hábitats, sino que también acelera la erosión de los suelos y disminuye su capacidad de captación hídrica. En este contexto, el partido subrayó la necesidad de que las clausuras y procedimientos administrativos se complementen con investigaciones penales y acciones de restauración ecológica, con el fin de establecer responsabilidades efectivas.

Desde septiembre de 2025, los legisladores del PVEM han impulsado una reforma al Código Penal Federal que busca elevar las sanciones tanto corporales como económicas para quienes causen daño ambiental. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y ratificada con modificaciones el 22 de abril de 2026, y actualmente se encuentra a la espera de una resolución definitiva en el Senado de la República.

La propuesta contempla penas de uno a nueve años de prisión por el desmonte o destrucción de vegetación natural, así como de dos a diez años de cárcel por la tala ilegal de árboles, además de multas y agravantes específicos. El PVEM enfatizó que la conclusión de este proceso legislativo proporcionará a las autoridades herramientas legales más contundentes para perseguir delitos ambientales, inhibir la deforestación y proteger la biodiversidad y los servicios ambientales que benefician a las comunidades.