En una de las operaciones más amplias de cooperación judicial entre México y Estados Unidos en los últimos años, el gobierno mexicano transfirió este martes a 26 integrantes de alto perfil del crimen organizado para que enfrenten cargos en cortes federales norteamericanas.

Se trata de líderes, operadores financieros, jefes de seguridad y productores de droga vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y células independientes. Las acusaciones incluyen narcotráfico a gran escala, homicidios, secuestros, lavado de dinero y, en un caso particular, tráfico de personas.

Washington considera que estos individuos fueron responsables de enviar toneladas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína a territorio estadounidense. La entrega se dio bajo el compromiso de que ninguno enfrentará la pena de muerte.

No es la primera vez que México ejecuta un operativo de esta magnitud: en febrero ya había extraditado a 29 acusados, incluido Rafael Caro Quintero. En esta nueva lista aparecen nombres con historiales sangrientos y operaciones internacionales de gran alcance.

Entre ellos destaca Enrique Arballo Talamantes, alias El Junior, uno de los principales operadores de “Gente Nueva” —brazo armado del Cártel de Sinaloa—, condenado en México por homicidio y secuestro, y ahora requerido en Nuevo México por conspiración. También figura Luis Raúl Castro Valenzuela, El Chacho, presunto lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada, acusado de traficar drogas a Pennsylvania y Delaware.

La lista incluye perfiles de alto poder como Abigael González Valencia, líder financiero del CJNG y fundador de “Los Cuinis”, cuñado de El Mencho, o Servando Gómez Martínez, La Tuta, exjefe de Los Caballeros Templarios, implicado en asesinatos y secuestros en Michoacán.

Otros casos llaman la atención por su especialidad criminal: desde un bioquímico identificado como “el mejor cocinero” de fentanilo en Latinoamérica, detenido en Mexicali, hasta Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona con nacionalidad mexicana, acusado de encabezar una red internacional de tráfico de personas y lavado de dinero.

Entre los entregados también hay figuras cercanas a los Guzmán Salazar —Los Chapitos—, como Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo; Mauro “N”, piloto especializado en vuelos con cargamentos de droga; y “El Piyi”, responsable de la estructura de seguridad del grupo tras la captura de El Nini.

Otros nombres relevantes:

El Cachetes, Daniel Pérez Rojas, cofundador de Los Zetas y operador en Guatemala.

Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, líder del Cártel de Tijuana e implicado en un intento fallido de asesinato contra Ovidio Guzmán.

El llamado Mero Mero, tío de Ovidio, acusado de traficar fentanilo y coordinar grupos de choque.

Jesús Guzmán Castro, El Chuy o El Narizón, operador de Los Mayos con presencia en Nueva York y Carolina del Sur.

En su mayoría, los acusados enfrentarán procesos en cortes federales de Nueva York, Arizona, California, Texas, Virginia, Georgia y Colorado. Salvo Conteh —cuyo máximo castigo sería de 45 años—, todos se exponen a sentencias de cadena perpetua.

El operativo no solo marca un nuevo episodio en la cooperación judicial entre ambos países, sino que también envía un mensaje de presión directa a las cúpulas criminales: los líderes y operadores que sobrevivan a las disputas internas en México podrían terminar rindiendo cuentas en tribunales estadounidenses.