Dinero

Recaudación rompió récord en 2019, ¿efecto de la cruzada contra la evasión fiscal de AMLO?

Las iniciativas de fiscalización que implementó durante el año pasado el Gobierno Federal le rindieron frutos de hasta el 8% del total de la recaudación tributaria, por lo que obtuvo 80 pesos por cada peso que invirtió en este rubro, sin considerar los ingresos por el IEPS de combustibles.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó una recaudación récord durante el periodo anterior, cuando se obtuvieron 233 mil 481 millones gracias a diversas auditorías practicadas a diferentes contribuyentes, especialmente en los rubros de combate a las factureras, la vigilancia del out-sourcing y la lucha contra el huachicol.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos explicó a Excélsior que el SAT implementó acciones efectivas durante el último año, esto debido al uso de mejor tecnología que aumentó y facilitó las labores de auditoría en el país.

Dicho organismo adelantó que para este año se prevén nuevas medidas que ayudarán a incrementar los ingresos obtenidos por la fiscalización, pero reconoció que estos esfuerzos podrían verse opacados si no se combate a la la informalidad.

Fue la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que estimó que durante el 2019 se recaudaron cerca de 233 mil 481 millones de pesos gracias a las auditorías practicadas en los rubros del combate a las factureras, la vigilancia del out-sourcing y la lucha contra el huachicol. Esta cifra es la más alta de la que se tenga registro.

Con estas medidas, según Excélsior, la tasa de rentabilidad de las auditorías alcanzó un nivel de 87.4%, es decir, que por cada peso invertido se obtuvieron ingresos por 87.4 pesos. Según las cifras ofrecidas por la dependencia a cargo de Arturo Herrera, especificó que los ingresos por fiscalización representaron un 8% de la recaudación tributaria en el país.

Entre las medidas implementadas por el SAT para agilizar sus trámites, están la reclasificación de los contribuyentes gracias a su nivel de riesgo de inclumplimiento, de esta manera, implementa acciones más agresivas con las personas morosas y menos agresivas con quien represente menos riesgos. Además implementó candados en las operaciones, debido a las facturas digitales.

Fuente: Infobae

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Delincuencia costó 115,100 mdp a empresas en México durante 2025

El costo total de la inseguridad y el delito para las empresas en México durante el año 2025 alcanzó un monto estimado de 115,100 millones de pesos, lo que representa el 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este monto es inferior a los 124,300 millones de pesos reportados en 2023, aunque el cambio no es estadísticamente significativo según el Inegi.

Las medidas preventivas adoptadas por los negocios, tales como la instalación de cámaras de seguridad, cerraduras y la contratación de seguridad privada, constituyeron el 51.2% del costo total, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026. El costo promedio del delito por negocio, considerando tanto el gasto en medidas de protección como las pérdidas ocasionadas por delitos, se estimó en 44,560 pesos.

El sector industrial y las empresas de mayor tamaño fueron las que incurrieron en los gastos más elevados relacionados con la delincuencia. Durante 2025, se registró que el 91.8% de los delitos no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación, lo que equivale a aproximadamente 2.8 millones de delitos de un total de 3 millones ocurridos. Aunque este porcentaje es inferior al 90.3% reportado en 2023, el Inegi aclara que tampoco se trata de un cambio estadísticamente significativo.

Entre las razones más comunes por las cuales los establecimientos optaron por no denunciar los delitos ante las autoridades, se destacan factores atribuibles a la autoridad, que representaron el 58.9% de los casos. Estas razones incluyen el miedo a la extorsión, la percepción de que el proceso es una pérdida de tiempo, la dificultad de los trámites, la desconfianza hacia las autoridades y malas experiencias previas. Además, el 35.3% de los encuestados mencionó la pérdida de tiempo como una razón para no denunciar, mientras que un 40.3% citó otras causas, como el miedo al agresor, la consideración de que el delito era de poca importancia o la falta de pruebas.