Resto del mundo
Reconoce FBI exagerar pruebas de ADN para ejecutar decenas de personas
La Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas (NACDL), de Estados Unidos, denunció que 26 de los 28 forenses de la Unidad para comparación microscópica de muestras de pelo del FBI, “exageraron” los resultados para favorecer la versión de los fiscales. La “exageración” de los datos en las muestras que respaldó las acusaciones, se produjo en el 95% de los juicios estudiados hasta ahora, según publica The Washington Post.
La NACDL, junto a The Innocence Project, están colaborando con las autoridades norteamericanas en la revisión de decenas de procesos incriminatorios, que se sospecha fueron manipulados, ya desde los años 70´, particularmente en delitos de máxima pena como los homicidios y las violaciones.
Los casos hasta ahora revisados llevan a que haya dudas razonables suficientes para que se analicen nuevamente los de 32 personas condenadas a muertes: sin embargo 14 ya fueron ejecutadas o murieron en prisión. Si bien en algunos de los casos existen otro tipo de pruebas también contundentes, ello no excluye el problema propiamente dicho: el FBI ha adulterado de forma sistemática las pruebas de ADN a la hora de llevar acusados a juicio.
El Departamento de Justicia revisará todos los casos
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha reconocido la falla y adelantado que buscará “hacer justicia en todos los casos” y notificará a “los afectados de los errores”, en los casos que aún sea posible. “Se garantizará la precisión de los análisis de pelo en el futuro, al igual que la aplicación del resto de disciplinas forenses”, dijeron fuentes del Departamento.
Las fallas en las pruebas de ADN por coincidencia del pelo, habían sido reconocidas ya hace una década por el FBI, que había limitado a un “orden de 11% de los casos” ese tipo de fallas. Ahora, las autoridades apuntan que no se trató de fallas de laboratorio o procedimiento, sino que se “exageraron” los resultados para que las incriminaciones correspondieran. El hecho que las “exageraciones” involucren a la casi totalidad de las “unidades de elite” del FBI, cuando debieron presentar pruebas contra supuestos criminales, no ha sido comentado por los responsables.
El Departamento de Justicia anticipa que podría haber “decenas” de exoneraciones, al revisar los casos donde las pruebas de ADN por pelos, son el elemento determinante de la sentencia.
Resto del mundo
PVEM solicita sanciones más severas por delitos ambientales
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha exigido el endurecimiento del marco punitivo contra los delitos ambientales, tras la reciente afectación de más de 330 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo. Esta situación fue revelada en un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que documentó desmontes, apertura de caminos y obras sin autorización durante inspecciones realizadas del 20 al 29 de octubre. Como resultado de estas acciones, se llevaron a cabo 25 clausuras temporales en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, así como sanciones en Cancún y en las cercanías de la Laguna de Bacalar.
El PVEM advirtió que la devastación de bosques y selvas no solo destruye hábitats, sino que también acelera la erosión de los suelos y disminuye su capacidad de captación hídrica. En este contexto, el partido subrayó la necesidad de que las clausuras y procedimientos administrativos se complementen con investigaciones penales y acciones de restauración ecológica, con el fin de establecer responsabilidades efectivas.
Desde septiembre de 2025, los legisladores del PVEM han impulsado una reforma al Código Penal Federal que busca elevar las sanciones tanto corporales como económicas para quienes causen daño ambiental. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y ratificada con modificaciones el 22 de abril de 2026, y actualmente se encuentra a la espera de una resolución definitiva en el Senado de la República.
La propuesta contempla penas de uno a nueve años de prisión por el desmonte o destrucción de vegetación natural, así como de dos a diez años de cárcel por la tala ilegal de árboles, además de multas y agravantes específicos. El PVEM enfatizó que la conclusión de este proceso legislativo proporcionará a las autoridades herramientas legales más contundentes para perseguir delitos ambientales, inhibir la deforestación y proteger la biodiversidad y los servicios ambientales que benefician a las comunidades.
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