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Juárez

Recortes y negligencia del IMSS en Juárez terminan en una evacuación fatal, donde murió una persona; no es politiquería, es la realidad: Diputada Xóchitl Contreras

Ciudad Juárez, Chih.- Luego del incendio registrado la noche del 6 de agosto en el Hospital General No. 6, la diputada Xóchitl Contreras acudió personalmente a las instalaciones siniestradas para constatar el abandono en el que se encuentra la infraestructura hospitalaria. Ahí, señaló con contundencia: esto no es politiquería, es la consecuencia del desinterés, negligencia y poco presupuesto del Gobierno Federal.

Comentó, que el fuego no lo encendió la oposición, lo encendió el olvido, la falta de mantenimiento, la corrupción disfrazada de austeridad. Lamenta que lo hayan pagado los pacientes: mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con cáncer… todos evacuados de emergencia por un sistema que se cae a pedazos. El incendio obligó a evacuar a 259 personas, entre pacientes y personal médico.

La legisladora lamentó el fallecimiento de una paciente durante el traslado, un hecho que no puede ignorarse ni minimizarse. Asimismo, expresó todo su respaldo al personal médico, enfermeras y trabajadores del hospital que, con lo poco que tienen, hacen milagros todos los días para atender a los juarenses.

La diputada fue clara al denunciar que las condiciones deplorables de nuestros hospitales no es politiquería, es tener vergüenza, es tener dignidad, es defender a nuestra gente. Lo verdaderamente ruin sería quedarnos callados mientras la salud pública colapsa ante nuestros ojos.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró su compromiso con Ciudad Juárez: “Aquí voy a estar, señalando lo que está mal, exigiendo soluciones reales. A los juarenses no se les abandona. A los juarenses se les defiende.”

Juárez

Abogado documenta 94 cancelaciones de visas a juarenses con hijos nacidos en EU

El abogado migratorio Arturo Vázquez documentó al menos 94 casos de juarenses a quienes les fueron canceladas sus visas en los cruces internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

De acuerdo con el litigante, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, las personas afectadas se comunicaron con él el lunes 10 de agosto mediante Messenger para reportar la cancelación de sus documentos. Según las denuncias recibidas, los afectados son padres de hijos nacidos en Estados Unidos.

Vázquez invitó a las personas que se encontraran en esta situación a contactarlo para integrar una lista de casos. Hasta el momento, el registro suma 94 personas.

Ante esta situación, el abogado recomendó a quienes estén en esa condición evitar cruzar la frontera durante un par de meses, mientras se desarrolla la situación.

Vázquez informó también que la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) prepara una demanda ante una corte federal para solicitar que un juez determine la constitucionalidad de la medida y, en su caso, ordene detener la cancelación de visas en los puentes internacionales.

El abogado señaló que enviará a la ACLU la lista de personas afectadas, con la intención de que durante el proceso judicial se solicite como medida de reparación que el Departamento de Estado restituya las visas canceladas por esta razón, sin que los afectados tengan que presentar una nueva solicitud ni realizar un pago.

Precisó que la recopilación de estos casos y el servicio que ofrece son gratuitos.

De acuerdo con la información difundida, las cancelaciones estarían relacionadas con una nueva orden ejecutiva denominada «Fin al turismo de nacimientos», firmada el 6 de agosto de 2026 por la administración estadunidense.

Entre los motivos señalados se encuentra el presunto uso de visas de turista con la intención de dar a luz en Estados Unidos. También se mencionan revisiones del historial migratorio y familiar de los viajeros, así como interrogatorios y posibles envíos a segunda inspección.

La información también señala que las autoridades pueden considerar antecedentes relacionados con adeudos hospitalarios derivados de partos en Estados Unidos.

La cancelación de la visa de los padres no implica, de acuerdo con la información difundida, la pérdida automática de la ciudadanía estadunidense de los hijos que la obtuvieron por nacimiento.

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