El Poder Ejecutivo recurre a todas las vías jurídicas para que el Congreso revoque el nombramiento de Ignacio Rodríguez Bejarano como auditor Superior del Estado y se reponga el procedimiento para un nuevo nombramiento, indicó el gobernador Javier Corral.

“Ya la Secretaría General de Gobierno se está encargando de dar trámite a todas nuestras observaciones. Y por supuesto que estamos siguiendo todos los conductos legales, y también por supuesto lo haremos por los conductos políticos, para hacer que esta decisión del Congreso se rectifique”, dijo el mandatario a los periodistas que lo abordaron en Palacio de Gobierno al término de la presentación del Plan Estatal Hídrico 2040.

Como titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Javier Corral vetó el nombramiento de Rodríguez como auditor Superior del Estado por parte del Congreso del Estado.

Previamente el gobernador había destacado el carácter de “inelegible” de Rodríguez Bejarano, por haber ocupado cargos directivos dentro del Partido Acción Nacional (PAN), y utilizar una certificación falsa del Instituto Estatal Electoral (IEE) respecto a que no había sido candidato a ningún cargo de elección popular.

“Ejercer una función como esa, con base en la violación de la ley, no le sirve a nadie, además haría muy vulnerables las actuaciones del auditor. Esperemos que el Congreso no solamente acepte nuestras observaciones, sino que reponga un procedimiento con quienes estén elegibles para ese cargo”, expresó el gobernador en su momento.

Hoy mismo, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, declaró que Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano no tiene facultades para ejercer como auditor Superior del Estado, ya que el decreto emitido por el Congreso del Estado donde se le eligió para ese cargo, no está vigente.

El Poder Ejecutivo del Estado no ha enviado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el decreto que nombra a Rodríguez Bejarano como titular de dicho organismo fiscalizador, por lo cual, sería una evidente usurpación de funciones que se puede encuadrar como ejercicio indebido del servicio público, añadió el funcionario.