La reforma constitucional en materia de extinción de dominio que se analiza en el Senado, en caso de ser aprobada, se podrá aplicar a ex gobernadores como Javier Duarte y Guillermo Padrés por los delitos de enriquecimiento ilícito y podrá confiscarles propiedades adquiridas con recursos públicos, sostuvo la senadora del PAN Pilar Ortega.
Durante una mesa de trabajo la senadora panista, integrante de la comisión de Justicia, dijo que es necesaria una revisión integral a la ley vigente, toda vez que se incorporó al catálogo de delitos, por los que se puede generar la extinción de dominio, el enriquecimiento ilícito relacionado con actos de corrupción.
Funcionarios, senadores y especialistas coincidieron en el Senado en la necesidad de una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, ya que desde su creación en 2008 “no ha dado los resultados esperados en el combate a la estructura financiera de la delincuencia organizada”.
La directora de Extinción de Dominio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido), Gloria Irma Palacios Sánchez, resaltó que la reforma debe precisar los alcances en propiedad privada, “porque al existir un vacío la delincuencia hace uso de este tipo de inmuebles”.
Hizo notar que no hay una adecuada regulación de los bienes de propiedad privada, ni una actualización en el padrón de los institutos de Registro Público, por ello las organizaciones criminales hacen uso de inmuebles irregulares que, además, les dejan ganancias porque cuentan con permisos administrativos para operar como comercios.
En diversos casos, destacó, se trata de inmuebles que no están en regiones lejanas, hay información de que se encuentran en la zona conurbada de Metepec, Toluca, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl, pero ante las deficiencias en la ley no se puede llevar a cabo la extinción de dominio. “Y ésta modalidad va en aumento, es decir, la delincuencia va un paso adelante”.

La Jornada