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Chihuahua

Refuerza Congreso el control interno en instituciones educativas públicas del Estado

-Aprueban cambios en leyes educativas para mejorar la supervisión y funcionamiento.

En Sesión Ordinaria del Segundo Año Legislativo el Congreso de Chihuahua hizo una serie de reformas a leyes que regulan a organismos públicos del sector educativo en el estado de Chihuahua, a fin de incluir un órgano interno de control en las instituciones, entre otros temas; además, se modificó la Ley de Entidades Paraestatales del Estado para ajustar cada cuánto tiempo deben reunirse los órganos de gobierno de estas entidades.

Las adecuaciones realizadas sirven tanto para la actualización normativa así como para un mejor funcionamiento de la administración descentralizada, con beneficios colectivos resultado de la función gubernamental.

Con ello, se incluirá la existencia y regulación de los órganos internos de control en las leyes relativas a los diversos organismos descentralizados, pero, además, algunos puntos internos organizativos que, en su conjunto, apoyan y aporta al buen funcionamiento de la administración pública estatal.

En este sentido, cada Órgano Interno de Control estará encabezado por una persona titular designada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; esta persona dependerá directamente de la Secretaría de la Función Pública y contará con apoyo de titulares en áreas clave como auditoría, gestión, denuncias y responsabilidades.

En otro orden de ideas, fueron reformadas las leyes de Educación y la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos ordenamientos del Estado, a efecto de garantizar medidas efectivas para la prevención de la violencia en las escuelas.

Con las modificaciones realizadas, la autoridad educativa estatal está obligada a invertir recursos financieros en la investigación de las causas, efectos y medidas efectivas para contrarrestar el acoso escolar, así como también en la pedagógica para la innovación y el desarrollo del sistema educativo.

Aunado a lo anterior, las escuelas de educación básica y media superior del Sistema Educativo Estatal, deberán contar con un área especializada en psicología clínica y educativa con el objetivo de prevenir las causas y los efectos de todos los tipos de violencia, además de su tratamiento correspondiente.

Además, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar los mecanismos para la prevención atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a su educación, así como cualquier otra forma de violencia que les afecte, para lo cual, las autoridades educativas del Estado promoverán la instalación de medios seguros y confidenciales que otorguen certeza en la recepción de quejas y reportes en las instituciones educativas.

Cabe mencionar que los dictámenes fueron presentados por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte en voz de la diputada Nancy Frías (vocal) y el diputado Óscar Avitia Arellanes (presidente).

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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